Irmina Herrera
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que los incentivos tributarios propuestos en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional no garantizan la creación de nuevos empleos. “No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente”, afirmó el secretario de Estado, subrayando que el objetivo principal de estos incentivos es “retener y no despedir” personal.
La declaración fue realizada en respuesta a las críticas de la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), quien cuestionó el crédito tributario de hasta 83 millones de pesos para el pago de sueldos, señalando que este no obliga a las empresas a aumentar sus plantillas laborales. Quiroz reconoció la validez de la crítica, aclarando que el instrumento actúa en doble sentido y se aplica únicamente al empleo existente.
“Es especialmente relevante hoy en un contexto de desempleo del 8%, que se ha prolongado por más de 30 meses”, enfatizó. El ministro destacó que aunque existe empleo, también se ha registrado una considerable destrucción de puestos de trabajo. El objetivo del Gobierno es reducir la tasa de desocupación al 6.5% en un plazo de cuatro años.
El Plan de Reconstrucción Nacional, impulsado por el presidente José Antonio Kast, combina estrategias de reactivación económica con recursos para ayudar a las zonas afectadas por incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso. Entre sus medidas principales se incluye una rebaja gradual del impuesto de primera categoría para empresas del régimen 14A, que se reducirá del 27% al 23% hacia finales de la década. Además, el proyecto contempla el crédito tributario al empleo formal, que beneficiaría a más de 230 mil pymes, exenciones temporales de IVA en la venta de viviendas nuevas por 12 meses, y garantías tributarias por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones.
Desde el Ejecutivo, se sostiene que estas medidas inyectarán liquidez al sector productivo, mejorarán la competitividad y protegerán los empleos existentes en un contexto de lento crecimiento. Sin embargo, sectores de la oposición critican que el paquete prioriza beneficios para las empresas sin ofrecer garantías concretas de impacto en la generación de nuevos puestos de trabajo o en medidas dirigidas a la clase media.
La iniciativa continúa su debate en el Congreso, donde el Gobierno aspira a lograr su despacho en las próximas semanas.
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