Victor Manuel Arce Garcia
El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha admitido una significativa deuda universitaria que arrastraba desde 2004 con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) de la Universidad de Chile. Según un informe de Mega, la obligación inicialmente ascendía a 218 UTM (aproximadamente $15.220.000), aunque Valencia aclaró que el monto real era de 75,51 UTM ($5.277.318), correspondiente a un saldo pendiente de su último año en la carrera de Derecho, incluyendo intereses acumulados desde su egreso hace más de 30 años.
Valencia regularizó la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, el 10 de abril, apenas días antes de la publicación del reportaje el 17 de abril. Documentos obtenidos por Radio Bío Bío confirmaron que el pago se realizó tras indagaciones de la prensa. “No tengo deuda con la universidad por crédito universitario. Tuve un saldo pendiente del último año de mi carrera y está pagado antes de la publicación de la nota. Todo está saldado, intereses incluidos”, declaró Valencia a La Radio.
La investigación de Mega reveló que, de los 342 mil deudores del sistema universitario, aproximadamente 17 mil son funcionarios públicos. Entre ellos, al menos 33 altos cargos del Congreso, la Contraloría y la Fiscalía Nacional llevan morosidades que superan los $380 millones en total. Este escándalo surge en un contexto donde el Gobierno anunció un esfuerzo por intensificar el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y FSCU que poseen altas remuneraciones (superiores a $5 millones mensuales).
La deuda de Valencia se generó durante sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile en la década de 1990. Aunque el fiscal sostiene que se trataba de un "saldo pendiente" y no de un crédito completo, su inclusión en el listado ha suscitado interrogantes sobre la ética de quienes ocupan altas responsabilidades públicas, especialmente en un organismo que se encarga de perseguir delitos. Desde la Fiscalía Nacional se comunicó que la situación ya fue regularizada, sin embargo, el timing de su pago —posterior a la injerencia periodística y antes de la difusión— ha planteado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad fiscal de las autoridades.
Este episodio revitaliza la discusión sobre la morosidad en créditos educativos y la necesidad de una mayor fiscalización a deudores con capacidad económica. Hasta el cierre de esta edición, ni la Universidad de Chile ni el Consejo de Rectores han emitido declaraciones adicionales, y el caso se suma a una serie de revelaciones que cuestionan la probidad en sectores del Estado justo en un momento en que el Ejecutivo busca recuperar recursos para financiar el sistema educativo.
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