33 funcionarios públicos con sueldos superiores a $10 millones adeudan más de $380 millones del Fondo Solidario

Una impactante investigación de Mega Investiga reveló que al menos 33 altos funcionarios públicos chilenos, quienes perciben remuneraciones superiores a $10 millones, acumulan deudas impagas que superan los $380 millones con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

El reportaje, emitido este jueves, detalló que las deudas pertenecen a funcionarios de instituciones clave del Estado, como la Contraloría General de la República, el Congreso Nacional, y el Poder Judicial. La distribución de estas deudas incluye: tres funcionarios con sueldos de entre $12 y $13 millones, nueve entre $11 y $12 millones, y 21 ganando entre $10 y $11 millones, acumulando en total $380.536.065.

Esta situación no es aislada; de los más de 342 mil deudores activos del FSCU, aproximadamente 17 mil son trabajadores del sector público. Dentro de este grupo, alrededor de mil funcionarios que ganan más de $5 millones mensuales también se encuentran en situación de morosidad.

El Fondo Solidario de Crédito Universitario fue creado para financiar estudios superiores de miles de jóvenes chilenos, y la morosidad en estos créditos ha sido objeto de debate, especialmente al involucrar a individuos con altos ingresos. Algunas instituciones ya han comenzado revisiones internas tras la publicación del reportaje. En un caso, un funcionario notificó que su deuda había sido saldada en febrero de este año. Destaca el caso del fiscal nacional Ángel Valencia, quien debía 218 UTM (más de $15,2 millones).

Este escenario suscita interrogantes sobre la responsabilidad financiera de los servidores públicos de alto rango, cuya función es asegurar el correcto uso de los recursos del Estado. Expertos advierten que, aunque no hay una prohibición legal para que funcionarios morosos ocupen cargos públicos, sí plantea un problema ético y afecta la percepción pública.

Esta investigación se integra a una serie de reportajes acerca de la cartera morosa del FSCU y el Crédito con Aval del Estado (CAE), donde la Tesorería General de la República ha intensificado los cobros en los meses recientes.