Victor Manuel Arce Garcia
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha lanzado el "Plan de Reconstrucción Nacional", un proyecto de ley que propone ajustes significativos al sistema de gratuidad universitaria, instaurado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018). Esta iniciativa busca reequilibrar las finanzas públicas y generar recursos para la reconstrucción tras los incendios forestales del verano, aunque podría dejar fuera a miles de estudiantes. Según fuentes oficiales, las medidas apuntan a limitar el acceso a este beneficio para priorizar la sostenibilidad fiscal.
El proyecto establece que la gratuidad se restringirá a estudiantes menores de 30 años, eliminando el acceso para quienes deseen iniciar o retomar estudios superiores pasados los 30. Además, se pretende frenar la expansión del beneficio a deciles de ingresos superiores, manteniendo la gratuidad solo para el 60% de la población más vulnerable. Otra medida clave es la moratoria que impediría el ingreso de nuevas universidades al sistema, limitando así las opciones de futuros estudiantes en instituciones emergentes.
Además, el plan busca fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil garantizado por el Estado, lo que podría afectar a deudores morosos. El presidente Kast ha defendido estas reformas al criticar la gestión anterior, señalando: “Las finanzas públicas se rompieron... nuestra deuda ha ido creciendo. En 2008, la deuda era del 5% del PIB y hoy es del 42%”.
Si el proyecto es ratificado por el Congreso, los principales afectados incluirían:
Estudiantes Mayores de 30 Años: Aquellos que decidan retomar o iniciar estudios después de esta edad perderían acceso a la gratuidad, impactando a trabajadores que buscan reconversión laboral o adultos que pospusieron su educación por razones económicas o familiares.
Familias de Deciles Superiores: Al limitar el acceso a grupos de ingresos medios-altos, se mantendría la exclusividad para el 60% más vulnerable, excluyendo a hogares con mayores recursos que podrían haber calificado para futuros beneficios.
Estudiantes en Nuevas Instituciones: La moratoria obstaculizaría a universidades emergentes de participar en el sistema de gratuidad, reduciendo así la diversidad educativa y las opciones de carrera.
Deudores del CAE: Aunque no está directamente relacionado a la gratuidad, el endurecimiento del cobro de deudas podría aumentar la presión sobre muchos egresados que avalaron préstamos con el Estado.
Estos cambios son parte de la llamada "reconstrucción fiscal", orientada a financiar iniciativas como la eliminación temporal del IVA en viviendas y la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, buscando reactivar la inversión privada.
La propuesta ha suscitado controversia, con figuras del anterior Gobierno de Gabriel Boric cuestionando las cifras de reservas fiscales del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Quiroz defendió las medidas, argumentando que son esenciales para una reducción gradual de impuestos que reactive la inversión privada.
El plan está ahora en discusión en el Congreso, donde se anticipa un debate intenso sobre el impacto en el acceso a la educación superior. La gratuidad y la condonación del CAE han sido demandas centrales del movimiento estudiantil de 2011, que impulsaron carreras políticas de figuras como Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Sin embargo, la administración anterior no logró avanzar en un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Expertos advierten que estas limitaciones podrían reducir la movilidad social, dado que la educación superior gratuita ha sido un pilar vital para familias de bajos ingresos. Aun así, el Gobierno sostiene que son medidas "impopulares pero necesarias" para estabilizar las finanzas y promover un crecimiento sostenible. El proyecto abarca cinco ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de seguridad, implementando reformas en permisos ambientales y penas más severas para delitos como el contrabando.
Mientras el Congreso examina la iniciativa, miles de estudiantes y familias esperan con incertidumbre sobre cómo estas reformas afectarán sus aspiraciones educativas. Este constituye el primer gran desafío legislativo de la administración Kast, con el potencial de definir la política educativa en Chile para los años venideros.
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