Victor Manuel Arce Garcia
El Congreso Nacional de Chile aprobó el Derecho al Olvido Financiero, una histórica normativa que prohíbe a bancos y casas comerciales utilizar registros históricos de deudas incobrables con más de cinco años de antigüedad para evaluar la solvencia de los ciudadanos, poniendo fin a un castigo financiero perpetuo que afectaba a más de 4 millones de personas en todo el país.
La iniciativa, incorporada como indicación durante la tramitación de la denominada Ley Miscelánea, marca un antes y un después en el sistema de evaluación de riesgo crediticio chileno. Impulsada originalmente en 2022 por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos militantes del Partido Socialista (PS), la ley busca erradicar las prácticas de discriminación financiera perpetuada por registros comerciales obsoletos.
Hasta la promulgación de esta norma, las instituciones financieras y el comercio mantenían en sus bases de datos antecedentes de impagos con 10, 20 o hasta 25 años de antigüedad. Estos expedientes funcionaban como auténticas cadenas invisibles que marginaban a los ciudadanos del sistema formal, impidiéndoles acceder a créditos, emprender nuevos proyectos económicos o reconstruir su estabilidad económica familiar.
La urgencia de la medida queda en evidencia al analizar las cifras macroeconómicas del endeudamiento en la nación sudamericana. De acuerdo con el Informe de Deuda Morosa USS-Equifax correspondiente al primer trimestre de 2026, más de 4 millones de personas registran actualmente deudas impagas. Esto significa que prácticamente uno de cada cuatro adultos en Chile se encuentra excluido o severamente limitado en sus capacidades financieras debido a historiales morosos que arrastran durante años.
Los parlamentarios autores del proyecto recalcaron que el sistema actual castigaba desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población, condenándolos a la insolvencia crónica.
"Una deuda incobrable de hace 20 años no puede valer más que 20 años de esfuerzo. El Derecho al Olvido Financiero pone fin a esa injusticia. Nadie puede quedar condenado financieramente de por vida", señaló el diputado Daniel Manouchehri.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini fustigó duramente los mecanismos de evaluación tradicionales aplicados por la banca privada.
"Los bancos tienen unas verdaderas listas negras con personas marcadas de por vida por una deuda que ya no puede cobrarse, negándoles para siempre la posibilidad de volver a pararse. El Derecho al Olvido Financiero les da un respiro a millones de chilenos y los libera de seguir siendo prisioneros de su pasado", afirmó la legisladora.
Pese al amplio respaldo legislativo que dejó a la iniciativa en condiciones de convertirse en ley de la República tras su integración en la Megarreforma, el proyecto enfrenta un obstáculo institucional de última hora. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha mostrado frontalmente contrario a la medida desde su concepción, argumentando posibles distorsiones en los mercados de crédito y en las tasas de evaluación de riesgo.
Ante este escenario de desacuerdo entre el poder legislativo y las carteras económicas del gobierno, fuentes gubernamentales confirmaron que el ministro Quiroz se encuentra evaluando la aplicación de un veto presidencial para excluir el articulado del Derecho al Olvido Financiero del texto definitivo de la Megarreforma, lo que abriría un nuevo flanco de fricción política en el Parlamento.
Mientras se define el futuro político de la norma en el Palacio de La Moneda, organizaciones de consumidores y diversos sectores políticos han manifestado su apoyo irrestricto a la promulgación de la ley, exigiendo que se respete el mandato democrático del Congreso. De concretarse el veto, la disputa se trasladará nuevamente a las cámaras, donde se requerirán los quórum necesarios para insistir en un articulado que promete transformar radicalmente las reglas del mercado financiero nacional.
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