Victor Manuel Arce Garcia
En un movimiento significativo, la administración del presidente Donald Trump ha propuesto imponer un arancel adicional del 12,5% a las importaciones provenientes de Chile. Esta propuesta surge en el marco de investigaciones bajo la Sección 301, centradas en la supuesta falta de Chile para prohibir efectivamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Esta medida se enmarca en un amplio paquete que afectará a 60 economías, buscando sustituir aranceles temporales que expiran el 24 de julio de 2026.
El 2 de junio de 2026, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) reveló los hallazgos de investigaciones iniciadas el 12 de marzo, encontrando que Chile, junto a otras 45 naciones, "ha fallado en imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso".
La propuesta sugiere un arancel ad valorem adicional del 12,5% sobre la mayoría de los productos chilenos que ingresen a EE.UU. Un número menor de países enfrentaría una tasa del 10% por haber establecido prohibiciones parciales o compromisos en acuerdos comerciales.
Es importante destacar que ciertos productos ya sujetos a aranceles bajo la Sección 232 (incluyendo acero, aluminio y cobre en ciertos formatos) estarían exentos de este nuevo gravamen. El Anexo A del aviso federal también incluye excepciones para materias primas, productos agrícolas, partes de aviación, insumos industriales, minerales y bienes farmacéuticos no producidos en cantidad suficiente en EE.UU.
Las tarifas propuestas se sumarían a cualquier otro arancel ya vigente. El período para comentarios públicos se cerró el 6 de julio, y se llevó a cabo una audiencia pública el 7 de julio de 2026. Hasta el momento, la USTR no ha emitido su determinación final de acción. Esta incertidumbre coincide con la expiración del sobrecargo global temporal del 10% el próximo 24 de julio.
La decisión del gobierno de Trump se produce tras un fallo de la Corte Suprema en febrero de 2026, que invalidó gran parte de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Ante este desafío, la administración ha reconfigurado su estrategia comercial utilizando la Sección 301 y otras herramientas legales.
Chile se encuentra en esta lista de economías investigadas, que incluye a Brasil, China, Japón, Corea del Sur, Perú, Uruguay y más de 50 países adicionales. La investigación no está centrada en si Chile tiene trabajo forzoso, sino en la eficacia de su régimen legal para impedir la entrada de bienes producidos bajo tales condiciones en terceros países.
Hasta el cierre de esta edición, no se han registrado reacciones oficiales por parte del Gobierno chileno ni de gremios exportadores respecto a esta propuesta. El proceso sigue abierto y la tasa definitiva, junto con la fecha de entrada en vigor, dependerá de la decisión final de la USTR.
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