Irmina Herrera
El Partido de la Gente enfrenta un crucial ajuste estructural que abarca no solo una renovación de líderes, sino también la urgente necesidad de responder a observaciones regulatorias. La reciente ratificación de Denisse Catalán como presidenta y la inclusión de Franco Parisi como secretario general simbolizan un intento de restablecer la autoridad interna en un periodo en que el Servicio Electoral (Servel) revisa los estados financieros de 2023. Esta transición no es meramente organizativa, sino que busca solidez ante un panorama normativo complejo.
Desde su fundación en 2019, el partido ha cimentado una importante base electoral, logrando más de 2,5 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, estos números se ven cuestionados por la presión operativa y normativa que enfrentan las nuevas organizaciones políticas en Chile.
Catalán, quien ocupó el cargo de secretaria general, asumió temporalmente tras la salida de Rodrigo Vattuone en julio de 2026. La estructura actual, que también incluye a Esteban Quiroga como vicepresidente, busca distanciar la representación pública de la gestión interna. Esta separación es clave en un contexto donde las observaciones del Servel sobre el financiamiento han aumentado.
El partido reconoce las observaciones en su balance de 2023 y planea discutirlas con Servel. La Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos exige cumplimiento estricto de obligaciones contables, lo que significa que fallas pueden resultar en la pérdida de financiamiento público. Precedentes históricos indican que el incumplimiento puede llevar a disoluciones, aunque actualmente no enfrenta tal extremo.
La reciente reconfiguración del partido se gesta en medio de una crisis de legitimidad tras la anulación de elecciones internas previas. Las controversias sobre la trazabilidad y la legalidad de esos comicios han socavado la cohesión interna, lo que hace aún más crítica la nueva dirección liderada por Catalán y Parisi.
El financiamiento estatal, crucial para el funcionamiento del partido, está atado a su capacidad de cumplir con los requerimientos de Servel. Un eventual rechazo de balances podría forzar al Partido de la Gente a depender de aportes privados, que son limitados. Esto impactaría en su capacidad organizativa en un momento donde la competencia es feroz, y los recursos son limitados.
Con el gobierno de José Antonio Kast, el partido ha mantenido una postura independiente, lo que se traduce en la necesidad de definir claramente su rol en el sistema político. La nueva estructura directiva parece avanzar hacia una profesionalización de la gestión sin perder de vista la identidad fundacional.
Ante los desafíos que presenta el contexto electoral chileno, el Partido de la Gente debe trabajar en cerrar brechas financieras y resolver tensiones internas. Esta dualidad es esencial no solo para su sostenibilidad, sino también para contribuir a un ecosistema político más robusto.
El desenlace de las negociaciones con Servel determinará la capacidad del Partido de la Gente para operar en los próximos años. Si logran subsanar problemas de balance, podrían alcanzar un estado de estabilidad que permita encaminar futuras elecciones. Sin embargo, la amenaza de sanciones podría minar su existencia.
La reciente ratificación de la directiva no solo abre un nuevo capítulo para el partido, sino que también presenta una oportunidad para redefinir su lugar en la política chilena. El equilibrio entre cumplir con normativas y mantener una viabilidad sostenible será el indicador clave del futuro del Partido de la Gente en el agitado panorama electoral post-2025.
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