Javier Saldívar Flores
En el Hospital Kulsum Bai Valika (KBV), un centro público gestionado por la Sindh Employees Social Security Institution (SESSI) en Karachi, al menos 130 personas —principalmente niños— contrajeron el VIH. Las primeras infecciones se detectaron en octubre de 2025, pero el escándalo estalló con fuerza meses después cuando varios niños de la planta de pediatría dieron positivo. Investigaciones internas revelaron incumplimientos graves: reutilización de jeringas desechables, falta de equipo de protección personal y eliminación inadecuada de material médico.
Las autoridades provinciales de Sindh confirmaron que más de 10.500 personas vinculadas al hospital se sometieron a pruebas; 120 dieron positivo inicialmente y análisis posteriores sumaron casos adicionales. Un informe de la investigación concluyó con al menos 78 contagios confirmados y varias muertes relacionadas. El primer ministro Shehbaz Sharif ordenó medidas nacionales, incluyendo la prohibición de jeringas de baja calidad y la implementación de pruebas obligatorias de VIH antes de cirugías.
La investigación apuntó a deficiencias crónicas: escasez de suministros básicos de control de infecciones, supervisión débil y negligencia por parte de parte del personal. Dos médicos fueron suspendidos, un dispensador removido y se emitieron avisos a 37 empleados. El gobierno provincial de Sindh aprobó un paquete de ayuda de 2.000 millones de rupias para tratamiento a largo plazo de los afectados y una auditoría exhaustiva del sistema de control de infecciones.
Este no es un incidente aislado. Pakistán registra uno de los crecimientos más rápidos de nuevas infecciones por VIH en la región. Según la OMS y ONUSIDA, las nuevas infecciones pasaron de unas 16.000 en 2010 a 48.000 en 2024. El país tiene alrededor de 350.000 personas viviendo con VIH, de las cuales casi el 80 % desconoce su condición. Los niños han sido particularmente afectados, con un aumento drástico de casos pediátricos.
El brote de Karachi ilustra problemas profundos en la gobernanza de la salud en Pakistán. Los hospitales públicos, especialmente los gestionados por instituciones de seguridad social, operan con presupuestos limitados y personal insuficientemente capacitado. La presión por atender a grandes volúmenes de pacientes —muchos de familias de trabajadores industriales— lleva a prácticas de ahorro que comprometen la seguridad, como la reutilización de material desechable.
La intervención del Tribunal Superior de Sindh, que exigió informes detallados al gobierno provincial, refleja la debilidad de los mecanismos internos de rendición de cuentas. Las familias de los afectados tuvieron que recurrir a la justicia para forzar acciones. Esto pone de manifiesto tensiones entre el poder judicial, los gobiernos provinciales y el ejecutivo federal en un país con fuerte descentralización tras reformas constitucionales.
La respuesta del primer ministro Shehbaz Sharif —prohibiciones nacionales y promesas de tratamiento— busca proyectar autoridad central. Sin embargo, la implementación dependerá de las provincias, donde la corrupción, la ineficiencia burocrática y la falta de recursos son problemas endémicos. El caso refuerza la narrativa de un Estado que reacciona ante crisis visibles pero lucha para prevenirlas.
A corto plazo, las familias enfrentan estigma, costos de tratamiento y trauma. El gobierno provincial ofrece apoyo, pero la continuidad será clave. La transparencia en el número exacto de afectados y fallecidos determinará la confianza pública.
A mediano plazo, se espera una auditoría nacional de prácticas de control de infecciones en hospitales públicos. Las prohibiciones de jeringas reutilizables a partir de 2027 son un paso positivo, pero su cumplimiento dependerá de financiamiento y vigilancia efectiva.
A largo plazo, Pakistán necesita reformas estructurales profundas: inversión sostenida en salud primaria, capacitación continua del personal, sistemas robustos de vigilancia de infecciones nosocomiales y mayor regulación del sector privado. Sin ellas, brotes como este seguirán ocurriendo, erosionando la fe en el sistema sanitario y afectando especialmente a los más vulnerables.
Pakistán ha vivido múltiples brotes nosocomiales de VIH. El de Ratodero en Larkana (2019) infectó a cientos de niños por prácticas inseguras. Casos similares se han reportado en Punjab y otras provincias. El patrón es consistente: hospitales públicos con reutilización de agujas, falta de esterilización y escasa supervisión.
En contraste con países vecinos que han logrado controlar la transmisión nosocomial, Pakistán muestra un crecimiento sostenido de infecciones por VIH vinculadas a la atención sanitaria. Expertos señalan que el país carece de un sistema de vigilancia adecuado para detectar estas vías de transmisión.
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