Diego Arenas
El presidente Rodrigo Paz anunció este sábado la aplicación del estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de liberar las carreteras y restablecer la libre circulación en un país paralizado por más de 50 días de protestas y bloqueos que han generado escasez de alimentos, combustible y medicamentos.
La decisión, materializada mediante el Decreto Supremo 5636 por conmoción interna, llega después de que el mandatario asegurara haber agotado todas las instancias de diálogo. “Hemos alcanzado acuerdos importantes con la mayoría de los sectores que tenían demandas legítimas”, afirmó Paz en un mensaje difundido en la madrugada del 20 de junio de 2026.
Las movilizaciones comenzaron a finales de abril de 2026, impulsadas por una combinación de factores: reclamos salariales de maestros, cuestionamientos sobre la calidad del combustible, demandas de reforma agraria y una profunda crisis económica que afecta el abastecimiento de dólares y productos básicos. Los bloqueos de carreteras, que se extendieron por más de 46 días en varios puntos del país, generaron pérdidas económicas estimadas en decenas de millones de dólares diarios y afectaron directamente la vida cotidiana de los bolivianos.
El gobierno mantuvo mesas de diálogo durante 50 días consecutivos. El viernes anterior se logró un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores. Sin embargo, grupos rurales y seguidores del expresidente Evo Morales rechazaron el pacto y mantuvieron los cortes, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la medida más drástica.
Según el decreto, la medida tiene una duración máxima de 90 días y busca específicamente:
El presidente fue enfático al aclarar el alcance de la medida: “Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad”. Paz añadió que la decisión busca “proteger la democracia y la vida” y llamó a quienes aún mantienen bloqueos a desistir voluntariamente.
Al momento de la declaratoria, las autoridades reportaron menos de 40 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Las fuerzas de seguridad iniciaron operativos para verificar el levantamiento de los cortes y garantizar la normalización del transporte.
El gobierno anunció además la creación de una comisión especial para las provincias del departamento de La Paz y la convocatoria a un “gran acuerdo nacional” con líderes políticos, gobernadores, alcaldes, universidades y sectores productivos.
La medida no suspende garantías constitucionales fundamentales ni el derecho a la libre expresión. Su objetivo central es restablecer la normalidad para que los bolivianos puedan trabajar, estudiar y acceder a servicios de salud sin interrupciones.
Los bloqueos de carreteras habían generado una crisis humanitaria y económica significativa. Hospitales reportaron escasez de oxígeno y medicamentos, mientras miles de estudiantes y trabajadores se vieron imposibilitados de desplazarse. Con el estado de excepción, el Ejecutivo busca revertir rápidamente esta situación y enviar una señal clara de que el diálogo tiene límites cuando afecta el bienestar de toda la población.
La decisión de Rodrigo Paz marca un punto de inflexión en la gestión de la crisis social que atraviesa Bolivia desde su llegada al poder en noviembre de 2025, tras poner fin a dos décadas de gobiernos del MAS.
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