Victor Manuel Arce Garcia
La Cámara de Diputados de Chile ha dado un paso significativo en la lucha contra la explotación infantil en línea, al aprobar un proyecto de ley que permite el uso de agentes encubiertos en internet. Esto llega en un momento crítico, donde la proliferación del cibercrimen plantea serios riesgos para la economía digital y la confianza en las instituciones. Con 147 votos a favor, este proyecto representa un cambio necesario en la regulación digital del país y ahora se dirige al Senado para su deliberación.
Esta legislación no aparece de la nada; responde a la creciente presión sobre los legisladores para abordar la grave problemática del grooming, la sextorsión y la difusión de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos. Con un amplio consenso político en un Congreso fragmentado, el debate se centra también en los costos económicos y los riesgos regulatorios que enfrentará el país, que aspira a ser un hub digital en América Latina.
El fenómeno de la explotación sexual infantil ha encontrado su camino hacia el ámbito digital, incrementando las denuncias relacionadas con grooming y material de abuso. Datos recientes de la Defensoría de la Niñez revelan un aumento alarmante en las denuncias; entre 2024 y 2025 se detectaron miles de dispositivos relacionados con la venta de CSAM (contenidos sexualmente abusivos contra menores).
El impacto económico de este problema es significativo. Se estima que el cibercrimen podría representar entre el 1% y el 2% del PIB de economías emergentes. En Chile, este costo podría desincentivar la inversión en tecnología y plataformas digitales, especialmente en un sector TIC que juega un papel importante en el crecimiento económico del país.
El nuevo proyecto de ley amplía las herramientas de investigación al incluir técnicas de vigilancia como los agentes reveladores, que simulan identidades en línea para recopilar pruebas. Esta medida busca cerrar las brechas left by previous laws that did not account for the evolving nature of digital crimes.
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, Chile ha construído un marco legal robusto para proteger a la infancia. Sin embargo, la acelerada digitalización durante la pandemia ha expuesto las debilidades de este marco. Encuestas indican que más del 70% de las adolescentes han recibido propuestas sexuales en línea, evidenciando la gravedad del problema.
Desde un punto de vista económico, esta legislación potencia la resiliencia del ecosistema digital en Chile, que ha sido atractivo para empresas tecnológicas globales. A la vez, se abren oportunidades para el crecimiento del sector de ciberseguridad, proporcionando una plataforma para el desarrollo de startups y atrayendo inversiones extranjeras.
Sin embargo, también genera riesgos regulatorios. Plataformas como Meta, Google y TikTok podrían enfrentar mayores exigencias, lo que impactaría la experiencia del usuario y la productividad del mercado.
Chile no está solo en esta lucha. Otros países como Australia y el Reino Unido han implementado regulaciones estrictas para combatir la explotación infantil en línea. Chile podría beneficiarse de las lecciones aprendidas y posicionarse como un referente en la regulación digital.
La ley aún debe atravesar el proceso legislativo en el Senado, donde se debatirán cuestiones críticas como el control judicial y los protocolos para la destrucción de evidencia irrelevante. Chile enfrenta el reto de regular la economía digital sin frenar su crecimiento, lo que requiere una colaboración activa con instancias internacionales como Interpol y Europol.
La aprobación del proyecto en la Cámara es solo el inicio; su éxito dependerá de una implementación efectiva y recursos adecuados. Se necesita un enfoque multisectorial que incluya educación digital, campañas de prevención y apoyo psicológico para las víctimas. Proteger a los vulnerables es no solo una obligación moral, sino también una inversión estratégica hacia un futuro más seguro y competitivo.
El desenlace de esta legislación será crucial, no solo para los menores en Chile, sino también para el modelo de desarrollo digital que el país quiere adoptar hacia 2030 y más allá.
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