Victor Manuel Arce Garcia
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ratificó su decisión de continuar con la estrategia de cobro forzoso de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), incluyendo embargos a cuentas corrientes, pese a las crecientes críticas y la inquietud manifestada al interior de la propia coalición oficialista.
Los cuestionamientos llegaron hasta el comité político ampliado realizado en La Moneda, donde dirigentes de partidos de Chile Vamos expresaron preocupación por testimonios difundidos durante el fin de semana de deudores afectados que no pertenecían al grupo priorizado: aquellos con rentas superiores a $5 millones mensuales que, pese a haber sido notificados, no regularizaron su situación.
Posición oficial: El ministro de Educación, Jorge Quiroz, se comprometió a revisar los casos puntuales que generaron mayor controversia, pero reafirmó que la política de cobro del CAE seguirá adelante sin modificaciones estructurales. Su postura fue respaldada por el biministro del Interior, Claudio Alvarado, y por el propio Presidente Kast.
Dirigentes oficialistas plantearon en la reunión que algunos casos visibilizados en redes sociales corresponderían a personas de ingresos medios o bajos que se habrían visto afectadas por embargos, generando un impacto político negativo para el Gobierno. Sin embargo, desde el Ejecutivo se argumenta que el cobro se concentra en deudores de alto ingreso que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones.
“No podemos seguir postergando el pago de una deuda que tiene un aval del Estado y que es financiada por todos los chilenos”, habría señalado el ministro Quiroz durante la reunión, según fuentes presentes.
El Gobierno ha intensificado las acciones de cobro judicial y administrativo del CAE durante los últimos meses. Entre las medidas más controvertidas se encuentran los embargos a cuentas corrientes, retenciones de devolución de impuestos y descuentos directos en remuneraciones de deudores con capacidad de pago.
Desde el Ejecutivo se sostiene que esta política busca recuperar recursos públicos que ascienden a miles de millones de dólares, con el fin de financiar nuevas políticas educativas y mantener la sustentabilidad del sistema de financiamiento estudiantil.
La defensa del cobro generó malestar en algunos sectores de la coalición, que temen un costo político ante la opinión pública, especialmente en un año donde el Gobierno busca avanzar en su agenda de reactivación económica y orden fiscal.
El ministro Quiroz se comprometió a realizar una revisión “caso a caso” de las situaciones más sensibles, aunque insistió en que no habrá un cambio general en la política de recuperación de deudas.
Desde la oposición, parlamentarios han calificado la posición del Gobierno como “insensible” y han anunciado que solicitarán informes detallados sobre el número de embargos realizados y el perfil socioeconómico de los afectados.
El Crédito con Aval del Estado ha sido uno de los mecanismos de financiamiento estudiantil más utilizados en las últimas dos décadas. Sin embargo, su alto nivel de morosidad y el impacto que genera en miles de familias ha convertido su cobro en un tema políticamente sensible, especialmente cuando se aplican medidas coercitivas como embargos bancarios.
Este medio continuará siguiendo la evolución del debate al interior del Gobierno y las eventuales modificaciones que pueda sufrir la política de cobro del CAE en las próximas semanas.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
