Victor Manuel Arce Garcia
El Servicio de Vivienda y Urbanización destinó casi US$80 millones entre 2020 y 2025 a la reparación de defectos posventa en viviendas sociales construidas en el marco de diversos programas habitacionales. Roturas o filtraciones en redes de agua potable emergen como los problemas más frecuentes, muchos de los cuales se manifiestan poco antes de vencer el período de garantía que obliga a la constructora a asumir los costos.
Según cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el porcentaje de recursos del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios que se destina a solucionar estas fallas aumentó de manera sostenida: desde 4,91% en 2020 hasta 13,07% en 2025. Ante esta tendencia, el ministro Iván Poduje anticipó que impulsará un proyecto de ley para ampliar la garantía de defectos constructivos e instalaciones de 5 a 10 años, junto con un reforzamiento de la fiscalización a las empresas constructoras.
El incremento en los recursos destinados a reparaciones refleja un problema estructural en la industria de la vivienda social. Durante el período analizado, el fisco debió intervenir en miles de hogares por defectos que comprometen la habitabilidad y generan malestar entre las familias beneficiarias. Las filtraciones en redes de agua potable y alcantarillado lideran las quejas, seguidas por problemas en instalaciones eléctricas, humedades estructurales y fallas en terminaciones.
Especialistas consultados por este medio señalan que muchos defectos afloran en los meses previos al vencimiento de la garantía legal de cinco años. Esto obliga a las constructoras a hacerse cargo, pero también genera sobrecostos para el Estado cuando las empresas ya no responden o han cerrado operaciones.
Dato clave: El gasto acumulado en reparaciones alcanzó casi US$80 millones en seis años, lo que equivale a recursos que podrían haber financiado miles de nuevas soluciones habitacionales.
El ministro Iván Poduje reconoció la magnitud del problema y anunció medidas concretas. “No podemos seguir destinando una proporción cada vez mayor del presupuesto a reparar lo que debería haberse construido correctamente desde el principio”, afirmó el secretario de Estado.
El proyecto de ley que impulsará el Minvu busca extender el período de garantía a 10 años para defectos que afecten elementos constructivos estructurales o instalaciones críticas como redes de agua, electricidad y gas. Además, se reforzará la fiscalización previa y durante la ejecución de las obras, con mayores exigencias técnicas y sanciones más severas para las empresas que incumplan estándares de calidad.
Para miles de familias de sectores vulnerables, estos defectos posventa representan un nuevo problema después de años de espera por una vivienda propia. Humedades, filtraciones y fallas eléctricas no solo deterioran la propiedad, sino que afectan la salud y la calidad de vida, especialmente en hogares con niños o adultos mayores.
Organizaciones de pobladores han exigido mayor celeridad en las reparaciones y mayor transparencia en la asignación de recursos. Algunas comunas del país acumulan cientos de casos pendientes, lo que genera tensión social y desconfianza hacia los programas habitacionales del Estado.
Chile ha realizado un esfuerzo significativo en materia de vivienda social en la última década, entregando decenas de miles de soluciones cada año. Sin embargo, la presión por construir rápido y a menor costo ha generado tensiones con la calidad de las obras. El fisco y el Minvu reconocen que el modelo actual necesita ajustes profundos para garantizar durabilidad y habitabilidad a largo plazo.
La ampliación de la garantía a 10 años se enmarca en una serie de reformas que el Gobierno busca implementar para mejorar la calidad de la construcción pública. Entre ellas se contemplan también mayores exigencias en licitaciones y la creación de un registro de empresas constructoras con calificación de desempeño.
El proyecto de ley será ingresado al Congreso en las próximas semanas. Desde el Ejecutivo se espera contar con apoyo transversal, ya que el problema afecta a familias de todos los sectores políticos y representa un uso ineficiente de recursos públicos.
Parlamentarios de distintas bancadas ya han manifestado interés en discutir la iniciativa con urgencia. Mientras tanto, el fisco continuará ejecutando las reparaciones pendientes con el presupuesto asignado para 2026, aunque autoridades advierten que, sin cambios normativos, el gasto seguirá aumentando.
Este medio seguirá de cerca la tramitación legislativa y el impacto de las medidas anunciadas por el ministro Iván Poduje en la calidad de las viviendas sociales en Chile.
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