Victor Manuel Arce Garcia
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó este viernes 5 de junio de 2026 la posibilidad de conceder indultos presidenciales a condenados por violación de niños. “Va a depender de las circunstancias del caso”, afirmó. Una declaración que genera indignación profunda en una sociedad que ha sufrido el flagelo de la violencia sexual contra menores.
En entrevista con CNN Chile, Rabat reconoció que la violación es “un delito muy grave”, pero inmediatamente abrió la puerta a ponderar indultos según “los antecedentes que arroja el expediente”. Horas después, al llegar a La Moneda, insistió en que cada solicitud se evaluará “en su mérito”.
La sola idea de que un Gobierno —cualquiera sea su signo— considere indultar a violadores de niños representa un retroceso ético intolerable. No hay “circunstancias” que mitiguen el horror de abusar sexualmente de un menor. No hay expediente que pueda justificar que el Estado devuelva la libertad a quien destruyó la infancia de una persona.
Chile ha avanzado en los últimos años en conciencia sobre la gravedad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Leyes más duras, registros de abusadores y mayor protección a las víctimas han sido conquistas sociales. Ver ahora al propio ministro de Justicia relativizar el indulto a estos criminales es un golpe a esa conciencia colectiva.
Es cierto que la Constitución entrega al Presidente de la República la facultad exclusiva de indultar. Pero esa facultad no es absoluta ni arbitraria. Se trata de un acto de gracia excepcional, no de una herramienta para corregir sentencias judiciales firmes o para aplicar “ponderaciones” subjetivas a delitos de lesa humanidad contra la infancia.
Indultar a violadores de derechos humanos ya genera debate legítimo. Pero abrir la puerta a violadores de niños es cruzar una línea roja que una sociedad decente no debe tolerar.
Violadores de niños no merecen piedad estatal. Sus víctimas cargan de por vida con traumas profundos: depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, dificultades para relacionarse y, en muchos casos, repetición de patrones de abuso. El Estado no puede, bajo ninguna “circunstancia”, convertirse en cómplice de una segunda victimización al devolverles la libertad.
Las declaraciones de Rabat ya han generado rechazo transversal. Diputados como Patricio Briones (PDG) y Diego Schalper (RN) exigieron actuar “con los pies en la tierra” y limitar los indultos exclusivamente a razones humanitarias graves de salud.
En un Gobierno que ha hecho del orden público, la protección de la familia y la defensa de las víctimas un eje central de su discurso, estas palabras resultan doblemente graves. No se trata de un tecnicismo jurídico: se trata de una señal política nefasta hacia las miles de familias que han sufrido abusos sexuales en Chile.
El presidente José Antonio Kast debe intervenir de inmediato y con claridad meridiana: los violadores de niños no serán indultados bajo su mandato. Punto final.
Cualquier ambigüedad en esta materia erosiona la confianza ciudadana y debilita el relato de un Gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia y protección real a las víctimas más vulnerables.
La infancia no es negociable. Los delitos sexuales contra menores no admiten “ponderaciones” ni “circunstancias atenuantes” de carácter presidencial. La única respuesta ética y política correcta es el rechazo tajante a cualquier posibilidad de indulto.
Chile espera del ministro Rabat y del Presidente Kast una rectificación inmediata y contundente. La sociedad chilena no está dispuesta a aceptar que los peores depredadores de sus niños puedan recibir gracia estatal.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
