Irmina Herrera
El despliegue de las auditorías del Plan de Inspección Total en la Región de O'Higgins ha forzado la entrega de un segundo expediente de hallazgos ante la Fiscalía de Alta Complejidad, consolidando una colisión institucional por desembolsos injustificados el 27 de mayo de 2026.
La reciente ofensiva legal desplegada por la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) representa un hito crítico en la persecución de la corrupción corporativa dentro del aparato estatal chileno. Este hito expone fallas estructurales crónicas en el control de legalidad de los contratos del Programa de Alimentación Escolar. Los patrones analizados por nuestra sala de prensa sugieren que los mecanismos de supervisión interna operaron durante años bajo un esquema de opacidad que eludió el examen oportuno de los órganos fiscalizadores externos. De acuerdo con los registros institucionales analizados, las modificaciones contractuales y los aumentos presupuestarios aprobados mediante resoluciones exentas en administraciones previas generaron un escenario de extrema vulnerabilidad patrimonial. La regularidad fiscal en la asignación de recursos públicos destinados a la infancia vulnerable enfrenta hoy una severa fricción, evidenciando un prolongado letargo en la verificación física de las
Los estados financieros y los informes de auditoría interna arrojan antecedentes técnicos de extrema gravedad respecto a las operaciones del servicio en la Región de O'Higgins. La indagación administrativa detectó un perjuicio patrimonial inicial estimado en 14.000 millones de pesos por concepto de raciones alimenticias y servicios de onces estudiantiles pagados en su totalidad, pero que jamás fueron distribuidos en los establecimientos escolares. Las pesquisas arrojaron que, mediante sucesivos actos administrativos que prescindieron del trámite de toma de razón ante el ente contralor, se incrementó de forma desmedida el costo unitario de las prestaciones. El examen de los flujos monetarios determinó que el valor asignado a cada ración bajo sospecha escaló de modo desproporcionado hasta alcanzar un precio de cotización de 8.680 pesos por unidad durante el ejercicio del periodo examinado. Esta cifra es calificada por los operadores del mercado y las jefaturas técnicas actuales como carente de toda justificación financiera real frente a los valores promedio de la industria.
Sustenta la ampliación de la denuncia criminal en los nuevos hallazgos del Plan de Inspección Total, aportando archivadores de pruebas que confirman pagos sin contraprestación y graves faltas a la probidad en la zona de O'Higgins.
La firma proveedora Soser S.A. mantiene convenios originados en la licitación pública 18-20, mientras se investiga el rol de un exjefe jurídico del servicio que asumió la gerencia legal de la compañía tras visar las cuestionadas alzas.
El núcleo de la controversia técnico-jurídica radica en la conducta funcionaria y la posterior vinculación de los actores clave con el sector corporativo. Las indagaciones apuntan directamente a la empresa proveedora Soser S.A., adjudicataria original de las prestaciones en el marco de la licitación identificada bajo el registro 18-20. La revisión de los estados financieros evidencia que los incrementos presupuestarios millonarios fueron validados a través de instrumentos internos coordinados por la jefatura jurídica de la época. Fuentes cercanas al proceso que pidieron estricta reserva confirman que el entonces director jurídico de la institución, una vez culminadas sus funciones en el aparato estatal en el año 2022, pasó a desempeñar altas responsabilidades de gerencia legal corporativa precisamente dentro de la firma proveedora beneficiada. Este nexo orgánico constituye la base de la sospecha penal que evalúa la Fiscalía de Alta Complejidad, configurando una línea de investigación que apunta a la presunta comisión de delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho activo.
El origen del conflicto administrativo se sitúa en el periodo correspondiente a la ejecución de las bases de la licitación 18-20, diseñada para coordinar el abastecimiento alimentario escolar. Posteriormente, durante el transcurso del año 2022, se suscribieron las resoluciones exentas modificatorias que autorizaron la expansión del presupuesto asignado a la empresa proveedora, omitiendo deliberadamente la supervisión de legalidad del órgano contralor. Avanzando en la cronología, a lo largo del año 2023 las onces estudiantiles alcanzaron su facturación máxima registrada de manera injustificada, acumulando los desembolsos bajo cuestionamiento técnico. Meses más tarde, los comités del Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría iniciaron el análisis sistemático de los expedientes tras detectar discrepancias de inventario significativas. Finalmente, durante la presente jornada de mayo, la directora nacional Camila Rubio acudió personalmente a entregar nuevos tomos de antecedentes documentales a las unidades anticorrupción del aparato penal, gatillando auditorías en cadena sobre otros estamentos regionales.
La resolución de esta disputa legal plantea interrogantes de hondo calado sobre la predictibilidad jurídica de los contratos de provisión pública en la economía del cono sur. ¿Es capaz el actual andamiaje regulatorio de la administración pública de disuadir la captura corporativa de los presupuestos de bienestar social? La fase actual del debate penal deberá determinar si los controles posteriores que aplica la Contraloría General de la República resultan suficientes ante esquemas de modificación contractual interna que eluden de manera sistemática la toma de razón previa. Para los directores de empresas y operadores de mercado, el desenlace de esta indagación fijará un estándar definitivo sobre la responsabilidad legal de las personas jurídicas que contratan con el Estado, modificando de forma irreversible las matrices de cumplimiento corporativo y endureciendo los requisitos de transparencia exigidos a los proveedores del aparato fiscal en el mediano plazo.
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