Javier Saldívar Flores
Tras un agónico y demorado escrutinio de más de un mes, la jefa de Fuerza Popular consolida su pase al balotaje del 7 de junio frente al izquierdista Roberto Sánchez, en un escenario marcado por la fatiga social y la demanda de estabilidad.
Ningún actor político en la historia contemporánea de América Latina encarna la resiliencia y la polarización con la intensidad de Keiko Fujimori. Tras confirmarse el cierre del escrutinio al 100% por parte de las autoridades electorales peruanas —un agónico proceso judicial y administrativo que tomó 33 días tras la votación del 12 de abril—, la líder de Fuerza Popular se ha consolidado como la ganadora de la primera vuelta con el 17,18% de los sufragios. Con este resultado, Fujimori inscribe su nombre en un balotaje presidencial por cuarta vez consecutiva, un hito inédito que medirá la vigencia del capital político heredado de su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori.
El diseño de la contienda del próximo 7 de junio replica las fracturas históricas del país andino. Fujimori disputará la jefatura del Palacio de Pizarro contra el congresista y exministro Roberto Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú, quien logró capturar el 12,03% de los votos válidos. Sánchez consiguió desplazar en el último tramo del conteo al empresario derechista Rafael López Aliaga por un estrecho margen de apenas 21.210 votos, configurando un clásico escenario de suma cero entre la derecha conservadora y la izquierda ligada al espectro del exmandatario destituido Pedro Castillo.
A sus 50 años, la campaña de Keiko Fujimori se ha desmarcado de las estrategias defensivas de los comicios de 2011, 2016 y 2021. En un país que ha sido gobernado por cuatro presidentes distintos en el último periodo constitucional, el relato de Fuerza Popular se ha articulado firmemente en torno a la promesa de restauración del orden y el combate frontal a la delincuencia mediante el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
La propuesta de la candidata busca conectar con un electorado fatigado por la parálisis institucional y la criminalidad urbana. El cálculo del fujimorismo es que, en esta coyuntura del 2026, el temor generalizado a la descomposición del Estado y la falta de rumbo económico terminen pesando más en la balanza que el histórico antifujimorismo, el movimiento cívico transversal que operó como el principal dique de contención contra sus aspiraciones en las tres elecciones pasadas.
El principal desafío operativo para la campaña de Fuerza Popular radicará en romper su techo de apoyo en las regiones del sur y las zonas rurales del Perú profundo, territorios donde el discurso nacionalista de Roberto Sánchez mantiene un fuerte arraigo. En los comicios anteriores, la concentración del voto anti-Keiko en el tramo final de las campañas terminó por inclinar la balanza en favor de alternativas que inicialmente carecían de estructuras nacionales, como ocurrió con el propio Pedro Castillo en 2021.
No obstante, las variables de la actual elección presentan un matiz relevante: el nuevo Congreso peruano asoma menos fragmentado que en los últimos quinquenios. Esta configuración obligará a ambos finalistas a iniciar una acelerada ronda de negociaciones programáticas con las bancadas de centro y de la derecha liberal para proyectar condiciones mínimas de gobernabilidad. Quien logre convencer a las clases medias urbanas de Lima de que posee el diseño político idóneo para detener la volatilidad y la amenaza de un nuevo impeachment o vacancia presidencial, tendrá la llave para destrabar el nudo político más complejo del continente.
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