Irmina Herrera
Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales revela un descenso significativo en la fuerza laboral venezolana en Chile, con una caída de más de 32,000 ocupados. Esta disminución, registrada por la Encuesta Nacional de Empleo, marca el primer efecto tangible de las políticas de desincentivo migratorio implementadas por el gobierno, que buscan hacer de Chile un destino menos atractivo para la migración irregular.
La baja era previsible, dada la restrictiva estrategia gubernamental que incluye limitaciones en el acceso a beneficios sociales, endurecimiento de controles y mensajes de austeridad. Fuentes cercanas al proceso indican que este descenso se concentra en migrantes con menos de cinco años de residencia, representando cerca del 80% de la disminución. Según los datos, la fuerza laboral venezolana experimentó una contracción del 5,4% en el primer trimestre de 2026, acumulando ya cinco trimestres consecutivos de caída.
El impacto no es uniforme: se evidencia especialmente entre hombres jóvenes, solteros y con educación superior completa. Sectores como el delivery y servicios de transporte, con alta participación de venezolanos, comienzan a sentir la reducción de mano de obra. Aunque esta tendencia está en observación y no refleja una transformación estructural inmediata, el mensaje es claro: la política de desincentivo ya se traduce en datos concretos.
El gobierno de José Antonio Kast parece cumplir uno de sus objetivos al reducir la presión migratoria irregular, pero enfrenta el riesgo de generar una escasez de mano de obra en sectores que dependen de esta fuerza laboral. Esto plantea un desafío crucial: equilibrar las necesidades del mercado con el control de la migración.
La situación presenta la posibilidad de un reequilibrio en el mercado laboral. ¿El descenso en la fuerza laboral es un éxito de la estrategia gubernamental o evidencia las limitaciones de un modelo que alivia la carga sobre los servicios públicos, pero crea vacíos en la economía? Mientras la tendencia se mantiene, el futuro del conflicto es incierto: una disminución gradual podría aliviar la presión sobre salud y educación, mientras que un ajuste abrupto podría inducir inflación en sectores sensibles. En cualquier caso, el equilibrio entre control migratorio y dinámica económica ha ingresado a una fase de prueba decisiva.
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