Victor Manuel Arce Garcia
La Fiscalía Regional de Valparaíso ha solicitado al Juzgado de Garantía el levantamiento del secreto bancario de la senadora Camila Flores (RN), en una investigación que indaga sobre posibles fraudes al fisco relacionados con la controvertida "cuota Flores". El Ministerio Público sostiene que existen indicios de maquinaciones destinadas a defraudar al Estado.
La denuncia anónima que dio origen a la investigación en octubre de 2025 no constituye una sorpresa en el panorama chileno. Durante su tiempo como diputada desde 2018, Flores gestionó asignaciones parlamentarias para personal de apoyo, práctica que ha suscitado cuestionamientos en varios periodos legislativos. Las imputaciones de exigir a sus asesores la devolución de parte de sus salarios en efectivo encajan en un patrón de scrutinio público ya documentado para otros legisladores. Fuentes judiciales consultadas por BioBioChile y T13 han afirmado que los mensajes de WhatsApp y las declaraciones de excolaboradores proporcionan elementos suficientes para justificar el rastreo financiero.
En un detallado informe de doce páginas, la fiscal regional Claudia Perivancich expone la necesidad de auditar cuentas corrientes, flujos de ingreso y egreso, y eventuales transferencias. Entre los elementos presentados se encuentran conversaciones entre la senadora y su secretaria María Yolanda Olfos Jarufe, donde se abordan cantidades y entregas, así como testimonios del exasesor Julio Lillo Catalán sobre pagos en efectivo dentro del Congreso.
El pasado 6 de mayo, personal del OS9 de Carabineros llevó a cabo allanamientos en la oficina de Flores en el Congreso Nacional y en su residencia en Viña del Mar, incautando computadores y documentación bajo la figura de presunto fraude al fisco. Por su parte, la defensa de la senadora ha manifestado su disposición a colaborar, con Flores afirmando en un comunicado que han entregado voluntariamente todas las cartolas bancarias y que tiene “absoluta tranquilidad” respecto al proceso.
Este episodio resuena con realidades similares en otros países de América Latina: debates por gastos reservados en Brasil, investigaciones por malversación en Argentina y cuestionamientos en México sobre el uso de recursos públicos por parte de legisladores. Situaciones como esta alimentan el escepticismo ciudadano hacia las instituciones y refuerzan la demanda por mayor transparencia en la gestión de fondos fiscales.
La próxima etapa dependerá de la decisión del juez sobre el levantamiento del secreto bancario. Si se aprueba, la Fiscalía podrá seguir de manera más precisa el destino de los recursos en cuestión. Desde The Times Latino seguiremos de cerca el desarrollo de esta causa y sus posibles repercusiones en el ámbito político chileno y regional.
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