Lucía Rivas Pereira
Los chilenos respaldan con claridad la reducción del gasto público, pero establecen un límite infranqueable: no tocar los beneficios sociales que protegen a las familias más vulnerables. La última encuesta Agenda Criteria, aplicada el 29 de abril de 2026, expone con nitidez las prioridades ciudadanas en un momento decisivo para las finanzas estatales y el gobierno de José Antonio Kast, quien ha hecho de la eficiencia fiscal una prioridad sin sacrificar la red de protección social.
Realizado mediante panel online con una muestra nacional representativa, el estudio revela que la ciudadanía distingue nítidamente entre lo que considera gasto superfluo en la administración estatal y los apoyos directos que llegan a millones de hogares. Este mensaje llega mientras el Ejecutivo avanza en un ajuste fiscal ambicioso, heredado de un contexto de deuda pública elevada y presiones presupuestarias acumuladas tras la pandemia y los años previos.
Solo el 24 por ciento de los encuestados considera que el Estado utiliza su presupuesto de forma eficiente, aunque esta cifra subió cuatro puntos respecto a marzo. En contraste, el 59 por ciento lo califica como ineficiente. Esta visión crítica, compartida por una mayoría transversal, alimenta la disposición ciudadana a apoyar medidas de ajuste que apunten al aparato público antes que a los programas dirigidos a la población.
La encuesta también indaga sobre la viabilidad de la promesa central del actual gobierno. Solo el 39 por ciento se declara de acuerdo con la posibilidad de reducir significativamente el gasto sin afectar los beneficios sociales, una caída de 22 puntos desde la medición anterior. El 40 por ciento manifiesta desacuerdo y el resto se mantiene neutral. Aun así, la disposición a recortes selectivos persiste.
El respaldo se concentra en medidas orientadas al sector estatal. Un 57 por ciento está de acuerdo con disminuir los sueldos de los funcionarios públicos y un 56 por ciento respalda reducir su número. Estas opciones reflejan la percepción extendida de una estructura administrativa sobredimensionada, con duplicidades y costos que muchos consideran innecesarios para entregar mejores servicios a la ciudadanía.
Para miles de familias de trabajadores públicos en regiones y comunas, estos ajustes generan incertidumbre. Sin embargo, la encuesta sugiere que la sociedad prioriza la racionalización de la burocracia como vía para liberar recursos sin dañar el tejido social.
En marcado contraste, solo el 12 por ciento apoya disminuir bonos y subsidios a las familias. La misma baja proporción respalda recortar el presupuesto destinado a programas sociales. Estas cifras revelan una sensibilidad profunda hacia cualquier medida que afecte directamente el bolsillo de jubilados que dependen de la Pensión Garantizada Universal, madres que acceden a subsidios para la crianza o jóvenes beneficiarios de iniciativas educativas y de primera infancia.
La distinción es clara y consistente: los chilenos aceptan apretarse el cinturón en lo burocrático, pero exigen preservar intacta la red de contención que ha permitido avances concretos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en las últimas décadas.
Chile enfrenta un escenario de deuda pública que ronda el 42 por ciento del PIB y un déficit estructural que obliga a priorizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. El gobierno de Kast ha impulsado un plan de consolidación por alrededor de seis mil millones de dólares en 18 meses, con énfasis en la revisión de contratos, la contención de nuevas contrataciones y la eliminación de ineficiencias. La encuesta de Criteria actúa como un barómetro ciudadano que valida parte de esa estrategia, pero también impone límites claros.
En perspectiva internacional, experiencias de ajustes en países de la región y de Europa han demostrado que los recortes mal diseñados pueden erosionar la cohesión social y frenar el crecimiento. Chile, con su tradición de políticas sociales focalizadas, parece optar por un camino distinto: mayor eficiencia en el Estado sin desmantelar los logros alcanzados en protección social.
Esta visión ciudadana obliga a los decisores a ser quirúrgicos. Reducir el tamaño del aparato estatal exige modernización, digitalización de trámites y evaluación rigurosa de programas para evitar que los ajustes recaigan sobre los más vulnerables o generen resistencias innecesarias en el empleo público.
Los resultados entregan al Ejecutivo una hoja de ruta con respaldo popular, pero también un desafío de ejecución. Mantener la confianza de la ciudadanía requerirá transparencia en la implementación de los recortes y mecanismos de compensación para los funcionarios afectados. Al mismo tiempo, preservar los beneficios sociales es clave para sostener el apoyo de sectores medios y vulnerables que ven en estos programas una herramienta de estabilidad en tiempos de incertidumbre económica.
Expertos en política fiscal coinciden en que el éxito dependerá de la capacidad de reasignar recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, sin que el ajuste se traduzca en menor calidad de los servicios públicos.
Al final, la encuesta Criteria no solo refleja una opinión puntual sobre números y presupuestos. Detrás de cada porcentaje hay historias concretas: la abuela que cuenta con su pensión solidaria para cubrir gastos básicos, la familia que depende de subsidios habitacionales para acceder a una vivienda digna o el trabajador público que busca estabilidad laboral. Proteger ese equilibrio entre austeridad responsable y compromiso social será la verdadera prueba de fuego para el gobierno en los próximos meses y años.
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