Diego Arenas
Un viento de escepticismo recorre Chile. La última Plaza Pública de Cadem, la número 650, ofrece cifras que obligan a La Moneda a reflexionar: la confianza ciudadana en tres ejes centrales del gobierno se ha desplomado, mientras que el rechazo al presidente José Antonio Kast alcanza su punto más alto desde que asumió el cargo. Solo el 41 % de los encuestados confía en que el Ejecutivo logrará ordenar el flujo migratorio, una baja de 20 puntos en pocas semanas. Las expectativas de reactivación económica caen a 33 % (−19 puntos) y la esperanza de contener la delincuencia también se ubica en 33 % (−21 puntos). Tres pilares que el actual mandato había colocado como prioridades absolutas muestran signos de fatiga.
No todo es negativo. En materia de desregulación, el panorama es menos sombrío: 55 % cree posible eliminar trámites que frenan inversiones, 54 % respalda la selección en colegios públicos y 52 % apoya suprimir el pago de contribuciones en la primera vivienda. Sin embargo, incluso estos indicadores registran retrocesos respecto a mediciones anteriores. La evaluación personal del mandatario tampoco escapa al desgaste: un 40 % aprueba su labor (−1 punto), mientras que el 57 % la rechaza (+4 puntos), marcando el registro más adverso de su período.
Rodrigo Durán Guzmán, académico y magíster en comunicación estratégica, interpreta los números con crudeza. “No estamos ante un simple bache coyuntural. Cuando caen al mismo tiempo las expectativas en seguridad, economía e inmigración, se produce un desgaste estructural de la confianza. La ciudadanía ya no solo mide resultados; evalúa coherencia, claridad y liderazgo”, afirma. Durán agrega que el desafío actual es doble: técnico y narrativo. “Sin una comunicación que conecte avances concretos con las preocupaciones diarias de la gente, la percepción de incumplimiento crece más rápido que los datos reales”, sostiene el especialista.
Otro hallazgo del estudio revela una paradoja incómoda para cualquier administración. El 42 % de los chilenos identifica como principal problema que “el Estado gasta mal”, y el 33 % critica la multiplicación de programas ineficientes. Sin embargo, al momento de proponer soluciones concretas, la resistencia es clara: 59 % se opone a eliminar 142 iniciativas estatales y 54 % rechaza una reducción del 3 % en el presupuesto de los ministerios. “La opinión pública exige eficiencia, pero sin costos visibles. Quiere un Estado más ágil que no sacrifique beneficios. Gestionar esa contradicción será uno de los grandes retos políticos y comunicacionales del gobierno”, concluye Durán Guzmán.
El escenario que dibuja Cadem no es solo un termómetro de popularidad. Refleja una sociedad que, tras años de promesas, exige resultados palpables y, sobre todo, coherencia entre lo que se anuncia y lo que se entrega. La Moneda tiene ahora la tarea de traducir números en hechos y hechos en confianza. El reloj corre.
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