Victor Manuel Arce Garcia
En los pasillos de La Vega Central, el bullicio ahora resuena distinto. Doña Rosa López, jubilada de 68 años, empuja su carrito con un gesto cansado: “Antes revisaba que no me robaran la cartera; ahora calculo cada tomate como si fuera oro”, confiesa, mientras observa que los precios de frutas han subido casi un 20% en tres meses. Su experiencia refleja un reajuste común entre miles de familias chilenas.
Según la más reciente encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel, realizada entre el 24 y el 28 de abril para Bloomberg con más de 4,000 participantes, el 43% de los consultados identifica los altos precios como el principal problema del país. Este incremento significativo desde el 15% registrado en febrero marca un importante cambio en la percepción pública bajo el gobierno de José Antonio Kast. Por primera vez desde al menos 2024, la inflación supera las preocupaciones relacionadas con la inseguridad ciudadana y migración irregular.
El sondeo se produce en un momento crítico. El reciente “bencinazo” ha contribuido al aumento del costo de vida. En marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento mensual del 1% y anual del 2.8%, con expectativas de revisión al alza. “La gente siente el impacto directo en la bencina, el pan y el transporte”, explica un analista político de AtlasIntel, destacando que este giro es un punto de inflexión.
Datos de la Plaza Pública Cadem corroboran esta tendencia. Por primera vez en años, la economía y el empleo (65%) han desplazado a la seguridad, delincuencia y narcotráfico (56%) como prioridad principal. La preocupación por la inmigración, que solía concentrar entre el 38% y el 45% de menciones en estudios como Ipsos, ha caído al 10%. El aumento generalizado de precios se ha consolidado como el mayor dolor de cabeza económico para el 59% de los encuestados.
Este cambio no surge de la nada. Durante más de dos años, la delincuencia y la llegada irregular de migrantes dominaron la debate nacional. Encuestas como las de Ipsos y CEP colocaban a Chile entre los países con mayor temor al crimen (hasta el 66%) y al control fronterizo. Familias de comunas periféricas relataban experiencias de robos y extorsiones, demandando más presencia policial.
Hoy, sin embargo, la atención se centra en la economía. Juan Carlos Ramírez, padre de dos hijos en Maipú y conductor de Uber, expresa: “Puedo ponerle llave a la casa, pero no al supermercado. El sueldo se evapora antes de llegar a fin de mes”. Jóvenes como Camila Soto, de 29 años, postergan proyectos vitales: “Quería independizarme este año, pero con los arriendos y la comida por las nubes, sigo en la pieza de mis padres”.
Expertos coinciden en que el contexto económico es el motor de este cambio. Aunque el gobierno de Kast ha mantenido un discurso firme en materia de orden público —con evaluaciones positivas en inmigración (40% según Cadem)—, la presión inflacionaria afecta la percepción diaria. El 80% de los chilenos siente que la economía está estancada o retrocediendo, según el mismo sondeo.
Analistas advierten que este nuevo orden de prioridades es un desafío para La Moneda. “La ciudadanía exige respuestas concretas en el bolsillo, no solo en las calles”, señala un informe reciente de la consultora. Mientras las familias ajustan sus gastos y los mercados populares están llenos de conversaciones sobre “cómo llegar a fin de mes”, el Ejecutivo enfrenta la tarea de equilibrar su agenda de seguridad con medidas que alivien el costo de vida.
Doña Rosa, al pagar en la caja, reflexiona: “No quiero vivir con miedo ni a los ladrones ni a la cuenta del supermercado. Solo quiero que mi pensión alcance para lo básico”. En un país que durante años priorizó el orden, el retorno del bolsillo al centro del debate marca un nuevo capítulo en la agenda ciudadana de 2026.
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