Elena Carvajal Gorosábel
El Ministerio de Hacienda ha generado controversia al sugerir una reducción del 15% en el financiamiento de 260 programas sociales para el Presupuesto 2027. Entre los principales afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en la educación superior, el Bono Invierno y la Asignación Familiar.
El oficio, firmado por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026, insta a las 22 secretarías ministeriales a proyectar gastos bajo fuertes restricciones presupuestarias. Esta medida podría traducirse en un recorte total de $2,8 billones (alrededor de US$6.000 millones), un ajuste fiscal que el presidente José Antonio Kast prometió durante su campaña electoral.
Además, se contemplan cambios en 142 planes adicionales, lo que podría impactar áreas como pensiones, educación, transporte público, salud y vivienda, afectando a millones de chilenos, especialmente a adultos mayores y familias vulnerables. La PGU, que proporciona un apoyo a más de dos millones de personas mayores de 65 años, se encuentra en la lista de programas del Instituto de Previsión Social (IPS) donde se sugiere una disminución superior a $1,7 billones.
Este anuncio ha generado especial preocupación porque contradice las promesas de Kast durante su campaña, donde afirmó que los ajustes no afectarían beneficios sociales como la PGU. En octubre de 2025, el entonces candidato aseguró a través de sus redes que “no recortarían ningún beneficio social que existiera”. Su partido, el Partido Republicano, también se ha manifestado en contra del recorte, particularmente en lo que respecta a la PGU.
Con Kast en La Moneda, el documento del Ministerio de Hacienda plantea un debate crucial sobre cómo equilibrar el ajuste fiscal con la protección de las redes de apoyo a los más vulnerables. La PGU representa uno de los pilares del sistema de protección social, diseñado para aliviar la situación de los jubilados chilenos.
La iniciativa forma parte de un paradigma de restricción plurianual que podría extenderse hasta 2031. Fuentes gubernamentales han señalado que las sugerencias aún están en discusión y que el Ejecutivo buscará fomentar un equilibrio entre el ordenamiento de las finanzas públicas y el acceso efectivo a estos apoyos.
Asimismo, organizaciones sociales han expresado su preocupación por el impacto que estos recortes podrían tener en la calidad de vida de los beneficiarios, incluyendo adultos mayores que dependen de la PGU, familias que acceden a la gratuidad y pensionados que reciben el Bono Invierno.
El debate sobre el Presupuesto 2027 está comenzando en el Congreso, donde se definirá el alcance final de estas recomendaciones. Mientras tanto, la discrepancia entre las promesas de campaña y las recomendaciones actuales mantiene la atención pública sobre la priorización del gasto social en tiempos de ajuste.
Esta nota se basa en información verificada de reportes de CIPER Chile
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