Victor Manuel Arce Garcia
Una revelación impactante de los registros de Transparencia de Presidencia ha desmentido las afirmaciones del equipo de José Antonio Kast sobre el financiamiento de su Oficina del Presidente Electo (OPE). Al menos 11 miembros de este organismo privado recibieron pagos directos desde La Moneda por “labores realizadas” entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, coincidiendo con la transición presidencial.
Los montos, que oscilan entre $333.333 y $1.500.000 mensuales, suman varios millones de pesos de recursos fiscales. Entre los beneficiados se encuentran figuras influyentes en el actual Gobierno, como Cristián Valenzuela ($1.500.000), Julio Feres ($1.500.000), y Catalina Ugarte ($1.166.667), entre otros.
Estos pagos se justificaron oficialmente por actividades relacionadas con el cambio de mando, incluyendo coordinación logística y apoyo directo al mandatario electo. Sin embargo, contradicen las declaraciones de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien afirmó que la OPE se financiaba exclusivamente con “recursos propios” y esfuerzos personales de sus integrantes.
Sin embargo, la lista de pagos de la Presidencia también incluye a un nutrido equipo de periodistas y expertos en gestión. Entre ellos se encuentran Sergio Turra ($1.000.000), María Paz Fadel ($1.166.667), Uziel Gómez ($833.333), María Ignacia Porcile ($833.333) y Tomás Celedón ($400.000), sumado al experto administrativo Emilio Court ($333.333) y el ingeniero Víctor Valdés ($666.667).
Este “gasto anticipado” de fondos estatales genera serias dudas sobre la ética y la transparencia del uso de recursos públicos. ¿Por qué destinar fondos fiscales a un equipo opositor? Esta situación representa un uso cuestionable del dinero de los contribuyentes para financiar operaciones de un organismo que operaba supuestamente con recursos privados.
Expertos en transparencia han señalado que, aunque existen mecanismos legales para apoyar transiciones presidenciales, pagar honorarios mensuales a miembros de un equipo aún no investido podría constituir una irregularidad. “Se usó La Moneda como una ‘moneda chica’ para mantener lealtades”, señala un analista político.
En un contexto de estrecheces fiscales y urgentes demandas sociales, estos pagos resultan particularmente ofensivos, constituyendo un acto de generosidad injustificada hacia un grupo selecto de asesores. La ironía es marcada: el mismo Gobierno que aboga por la eficiencia y el combate al derroche se encuentra frente a un escándalo de financiamiento opaco.
La difusión de estos datos —nombres, profesiones y montos— pone fin al hermetismo que rodeó la operación financiera de la OPE. Sin embargo, persisten interrogantes fundamentales: ¿hubo autorización expresa del Presidente Boric? ¿Se trató de un acuerdo político informal? ¿Por qué no se informó desde un principio?
Desde el Gobierno de Kast, no ha habido una explicación detallada, solo silencio y intentos de minimizar la situación. La ciudadanía y la oposición exigen ahora una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República para determinar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Este caso trasciende un mero detalle administrativo; es un reflejo de la dinámica del poder en Chile, donde muchas veces se ejerce con una mano en el bolsillo del Estado y la otra enarbolando la bandera de la austeridad. La transparencia se reafirma como el mejor antídoto contra la hipocresía.
Respuesta del gobierno
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