Irmina Herrera
El gobierno del presidente José Antonio Kast, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anunciado el fin definitivo de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Este mecanismo, vigente durante casi 50 años, permitía a las empresas descontar hasta el 1% de su nómina para financiar cursos de capacitación. La medida, que se incluirá en un proyecto de reconstrucción y reactivación económica, podría significar un ahorro fiscal de US$ 300 millones anuales para el Estado. No obstante, genera preocupación en el sector de la capacitación, particularmente entre los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que apoyan a trabajadores vulnerables y emprendedores.
El ministro Quiroz argumentó que, aunque la franquicia fue una buena idea, “no ha tenido los resultados esperados y se ha prestado para abusos”. Esta afirmación se apoya en informes oficiales que reportan un impacto nulo en la empleabilidad y los salarios. Un análisis de la Dirección de Presupuestos (Dipres) reveló que la franquicia no generó efectos estadísticamente significativos en las remuneraciones, la estabilidad laboral ni la cantidad de contratos de los trabajadores capacitados.
Además, auditorías de la Contraloría documentaron diversos abusos, como cursos irregulares y asistencia falsa. Ejemplos notables incluyen la inversión de $342 millones en licencias de conducir sin todos los requisitos necesarios y la oferta de cursos de “risoterapia” y “aromaterapia” para entornos laborales.
El cierre de la franquicia afecta desproporcionadamente a las micro y pequeñas empresas, ya que el 88% de los beneficiados provenía de grandes empresas. Esto deja a los más vulnerables y a los emprendedores sin acceso a formación laboral esencial.
La Asociación Metropolitana de Organismos Técnicos de Capacitación (AGMO) ha declarado “alerta máxima”, abriendo la posibilidad de que más de 30,000 familias pierdan su sustento. La crítica es contundente: sin el incentivo de Sence, muchas empresas dejarán de invertir en la capacitación de su personal, lo que puede parecer una "sentencia de muerte laboral" para aquellos en la obsolescencia ante la automatización y la inteligencia artificial.
El gobierno ha prometido que no abandonará la capacitación y planea sustituir el modelo con “aprendizaje en el trabajo”, inspirado en enfoques de países desarrollados. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cómo se cubrirá el vacío que dejará el fin de la franquicia Sence. Sin un plan concreto, la movilidad social y el acceso a oportunidades de formación para los más vulnerables están en entredicho, lo que plantea un futuro incierto para millones de trabajadores en Chile.
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