Victor Manuel Arce Garcia
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este 15 de abril de 2026 un incremento significativo en los precios de los combustibles, con la gasolina de 93 octanos subiendo $20,2 por litro y el diésel $36,4. Este nuevo ajuste se suma al malestar generalizado entre conductores y transportistas, que cuestionan la razón detrás de estas alzas, considerando que Chile importa la mayor parte de su crudo de países vecinos. La falta de transparencia en la formación de precios también genera controversia en la opinión pública.
La ENAP detalló en su informe semanal que la gasolina de 97 octanos aumentará $22,3, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular experimentará un incremento de $36,5 por litro. Estos incrementos, que entrarán en vigencia el jueves, siguen una tendencia que ha preocupado a los ciudadanos, ya que, aunque moderados en comparación con las alzas drásticas de marzo, aún son significativos.
La inquietud surge a raíz de la dependencia de Chile en las importaciones de crudo, principalmente de Argentina, Brasil y Ecuador, en lugar de fuentes inestables del Medio Oriente. Este aspecto ha fomentado un debate intenso sobre la transparencia en la formación del precio del crudo en redes sociales y foros públicos.
ENAP aclara que no fija los precios finales, un proceso que depende del mercado libre y de las distribuidoras. En su metodología de cálculo del Precio de Paridad de Importación (PPI), considera factores como los costos de transporte y seguros, basados en los precios internacionales del mercado de referencia.
A pesar de la diversificación de proveedores, el petróleo sigue siendo un commodity global cuyos precios están determinados por indicadores internacionales como el Brent y el WTI. Expertos indican que, a pesar del uso de mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), las variaciones bruscas en los precios internacionales se trasladan inevitablemente al consumidor.
Organizaciones de transportistas y exdirigentes han solicitado mayor fiscalización sobre la cadena de suministro, de manera que se analicen desde los precios pactados en contratos hasta los márgenes de las distribuidoras. La opacidad en la determinación de los costos ha suscitado críticas, destacando que ENAP no desglosa los precios unitarios de cada contrato de importación, lo que crea desconfianza en la opinión pública.
Frente a una inflación envolvente y el impacto directo en el costo del transporte y alimentos, analistas sugieren revisar el modelo y transparentar los costos de producción. La reciente subida en los precios de los combustibles continuará afectando los presupuestos familiares, intensificando el debate sobre dependencia energética y la necesidad de un sistema de precios más justo. ENAP, junto con el Ministerio de Hacienda y el Congreso, enfrentan el desafío de restaurar la confianza mediante información clara y accesible.
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