Victor Manuel Arce Garcia
En lo que muchos consideran una cacería de brujas disfrazada de auditoría, el gobierno de José Antonio Kast presentó su primer informe de “inspección total al Estado”. Este documento, que debiera promover la transparencia, se percibe más como una operación de desprestigio contra la gestión anterior. En la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, se mencionan "señales de riesgo" en más de 500 servicios públicos, pero sin irregularidades probadas ni sanciones concretas.
El informe, que abarca desde 2025 hasta el 10 de marzo de 2026, presenta cifras que parecen escandalosas: transferencias y convenios por más de USD 140 millones a entidades recientes, más de 65 mil adquisiciones bajo la modalidad “Compra Ágil”, y más de mil convenios pagados sin rendición de cuentas que superarían los USD 50 millones. Sin embargo, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, destacó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo”. Ante esto, surge la pregunta: ¿son realmente alertas de riesgo o solo una excusa para persecución política?
El rechazo de la oposición y analistas independientes fue inmediato. “Esto no es auditoría, es propaganda. “Usan datos masivos para generar titulares y desviar la atención del verdadero problema: la parálisis del gobierno actual”, señaló un exsubsecretario de Hacienda, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Organizaciones de la sociedad civil y exautoridades subrayan que el informe carece de contexto, metodología transparente y comparaciones históricas. “Lo que cambia ahora es el afán de criminalizar la gestión pública para justificar recortes brutales en programas sociales”, afirmó la diputada opositora Valentina Muñoz. Además, el documento ignora que muchas de estas prácticas fueron heredadas de administraciones anteriores, incluyendo el primer mandato de la derecha.
Los plazos anunciados —revisar 2024 hasta el 16 de abril, 2023 del 17 al 27 de abril, y 2022 del 28 de abril al 6 de mayo— refuerzan la percepción de que se trata de una revisión selectiva. Este mecanismo busca desacreditar a la administración saliente mientras el actual Ejecutivo enfrenta sus propios cuestionamientos.
Este informe, lejos de ofrecer soluciones, genera más desconfianza y polarización. En un país que necesita diálogo más que linchamientos mediáticos, la oposición a esta “auditoría” es unánime entre quienes defienden la institucionalidad y el Estado de derecho. En vez de ocultar problemas, se debe rechazar el uso del aparato estatal para una vendetta política disfrazada de rigor fiscal. El gobierno de Kast asegura un “cuidado de los recursos públicos”, pero lo que presenta es solo humo y división.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
