Victor Manuel Arce Garcia
El Ministerio de Vivienda ha puesto en consulta pública una propuesta para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el principal marco normativo que regula el desarrollo urbano y edilicio en Chile. Con esta medida, el Gobierno busca desregular el suelo y contribuir a la reducción de precios de las viviendas, respondiendo así a las dificultades de acceso que muchas familias enfrentan.
La iniciativa contempla extender permisos de edificación, ajustar la densidad habitacional y flexibilizar las exigencias de estacionamientos, entre otros cambios. Estas modificaciones pretenden eliminar trabas regulatorias que encarecen y demoran los proyectos inmobiliarios, promoviendo un uso más eficiente del suelo urbano y agilizando los procesos de construcción.
El Ministerio de Vivienda espera que estas medidas logren una disminución del 10% al 15% en el precio real de las viviendas nuevas, como anticipó el ministro de Hacienda. Según el Ejecutivo, la desregulación tiene como objetivo principal aumentar la oferta habitacional y equilibrar un mercado donde los precios han puesto en riesgo la capacidad de compra de la población.
El sector inmobiliario ha celebrado este anuncio, destacando el potencial de las reformas para reactivar la actividad constructora y mejorar la disponibilidad de departamentos y casas. “Es un paso positivo hacia la simplificación normativa”, han coincidido los representantes del rubro.
Sin embargo, advierten que existe una incertidumbre en las inversiones, que permanecen en pausa, a la espera de detalles sobre la implementación de las propuestas gubernamentales. Los empresarios han subrayado la necesidad de mayor certeza jurídica para retomar proyectos actualmente detenidos.
La OGUC ha sido un marco rígido que, según diversos sectores, ha limitado el crecimiento de la oferta habitacional. Las propuestas buscan modernizarla sin comprometer estándares de calidad y seguridad, facilitando un desarrollo urbano más dinámico y accesible.
La consulta pública permitirá recibir observaciones de municipios, gremios, expertos y la ciudadanía en general. Tras procesar estas contribuciones, el Gobierno procederá a la aprobación definitiva del decreto que actualizará la normativa.
Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio por enfrentar los desafíos habitacionales del país. Si se concretan los cambios, se espera un impacto positivo tanto en los precios como en la reactivación del sector de construcción, crucial para el empleo y el crecimiento económico. Con la desregulación del suelo, el Ejecutivo aspira no solo a abaratar las viviendas nuevas, sino también a mejorar las condiciones para que más familias accedan a una solución habitacional digna y asequible en las principales ciudades.
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