Protestas en Lima: Exigencias contra el crimen organizado en Perú
Centenares de personas participaron en dos protestas en Lima, Perú, contra el gobierno de Dina Boluarte por el aumento del crimen organizado, exigiendo medidas más efectivas ante la extorsión y los asesinatos a sueldo que azotan el país, a pesar de las acciones impopulares tomadas por la mandataria incluyendo el despliegue militar.
En Perú, las protestas contra el gobierno de Boluarte por el incremento del crimen organizado han sido notables. Los manifestantes exigieron acciones más contundentes para combatir la extorsión y los sicarios que están afectando al país. El descontento se hizo patente en Lima, donde cientos de personas se unieron en dos marchas en desaprobación a las medidas tomadas por la impopular mandataria, incluyendo el despliegue de militares en las calles.
El asesinato de un popular cantante de cumbia el 16 de marzo fue un detonante para que artistas vistiendo de blanco lideraran una de las manifestaciones. Por otro lado, profesores, estudiantes y fuerzas de oposición de izquierda también salieron a las calles para expresar su rechazo a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 93% en este mes, según las encuestas, situándola entre los gobernantes menos populares a nivel mundial.
En medio de consignas como "¡No queremos morir!", los manifestantes exigieron medidas inmediatas contra la extorsión y los asesinatos por encargo. La movilización incluyó músicos, actores y cómicos que caminaron hasta el ministerio del Interior para entregar un documento con sus reclamos. La plaza San Martín fue testigo de una marcha protagonizada por maestros, estudiantes y opositores, quienes denunciaron la grave situación de inseguridad que atraviesa el país.
La Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú se sumó a las protestas, resaltando que más de 400 instituciones educativas han sido víctimas de extorsión. Ante la falta de respuesta del gobierno, la sociedad civil expresó su preocupación por la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la crisis de seguridad ciudadana. El estado de emergencia decretado en Lima el 18 de marzo, con la presencia de militares en las calles, evidencia la gravedad del problema del crimen organizado en Perú.
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