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La Dieta De La Desigualdad Por Ricardo Sanzana Oteíza, Abogado.

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Fue promesa de campaña de autoridades nacionales, regionales y locales. Se replicó en el resto del país e incluso fue carta de triunfo de muchos candidatos. La disminución de la dieta parlamentaria  es una demanda largamente enarbolada por la ciudadanía y pareciera  que ad portas de concretarse, genera expectativas para caminar hacia un sistema de igualdad marcado por la proporcionalidad salarial para los distintos cargos públicos.

 

Recordemos que el pasado 30 de mayo, por 41 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el Senado aprobó la moción presentada por una comisión mixta de parlamentarios para que la discusión sobre la dieta se trasladara desde el Congreso Nacional al Consejo de Alta Dirección Pública, ADP, del Servicio Civil. Los afectados con la regulación salarial no sólo serían los diputados y senadores, sino que también ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores regionales y delegados presidenciales, entre otros. Incluso el proyecto plantea rebajar la remuneración del Presidente de la República.

 

De esta manera, uno de los símbolos más evidentes de la desigualdad que existe en nuestro país y que además representa una de las demandas más compartidas y apoyadas por la opinión pública desde el 18 de Octubre y las movilizaciones sociales, finalmente será regulado.

 

La excesiva diferencia entre las dietas parlamentarias y el promedio de los sueldos chileno es abismante. De hecho, los diputados y senadores chilenos son  los mejores pagados en Latinoamérica (Investigación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clapes UC, en 2018); reciben un 21% más que el promedio de los sueldos mensuales de la Unión Inter Parlamentaria Mundial (según estudio de 2013); supera en 4.7 veces el promedio mundial de dietas parlamentarias (según cita el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2016); y es la remuneración más alta dentro de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

 

Ante este escenario y considerando que la responsabilidad de regular la dieta que recayó en la ADP ya está tomada, resulta indispensable un activo control ciudadano y también de los medios de comunicación sobre este proceso.

 

No podemos perder de vista que lo que se les paga a los parlamentarios y parlamentarias es un servicio, por ende, más importante que la renta es lo que se obtiene a cambio en cuanto compromiso y gestión. Ni más ni menos dinero volverá eficiente a quien no tiene aptitudes ni capacidades, ni hará más puntual al que llega siempre tarde a sus sesiones. Los niveles de legitimidad y aprobación de nuestros representantes en el Congreso no mejorarán ni cambiarán sólo por la rebaja de sus sueldos, sino que por la forma en que enfrentan su trabajo, especialmente en sus territorios distritales, más aún en el actual contexto de Pandemia.

 

La transparencia de las remuneraciones de nuestras autoridades legislativas es fundamental para disminuir los escandalosos niveles de desigualdad que se han apostado en Chile en los últimos 30 años.  El cargo al que accedieron no le da patente de corso a quienes pretenden transformar a sus electores en borregos y a su circunscripción electoral en un “lejano oeste” donde actúen como dueños y sheriffs.

 

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