Lo hace considerando especialmente, las últimas iniciativas implementadas por el actual Gobierno, que a la luz de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en esta materia, en virtud de la suscripción y ratificación de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, vulneran gravemente el derecho humano a la Educación, expresamente consagrado y protegido por dicha normativa.

Esta Conferencia de Prensa la hacemos junto a actores relevantes de la Educación, como el Colegio de Profesores, dirigentes de los estudiantes secundarios y universitarios, de apoderados de liceos públicos y de los trabajadores de la Educación, además de representantes de la Red de Historiadores e Historiadoras, entre otras organizaciones, porque entendemos que a todos estos actores, los mueve un igual interés: la defensa del Derecho humano a la Educación, consagrado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus Pactos complementarios, como en la Convención de los Derechos del Niño, suscrito y ratificado por Chile en el año 1990, y que hoy, se encuentra seriamente amenazado sino conculcado.

En efecto, los proyectos de ley sobre Admisión Justa, Aula Segura, y las modificaciones propuestas a la malla curricular, tornando electivas las asignaturas de Historia, Artes y Educación Física, junto con la utilización de la represión indiscriminada en contra de los estudiantes que promueven y defienden la Educación Pública, constituyen todas iniciativas vulneratorias de normas expresas vigentes y que todos los Poderes del Estado deben acatar irrestrictamente.

Es así como la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 28, luego de consagrar el Derecho a la Educación, establece:

  1. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
    Esta disposición, obligatoria para el Estado de Chile, se encuentra absolutamente vulnerada con la respuesta represiva de la autoridad municipal, avalada por el Gobierno, a las legítimas demandas de los estudiantes, que reclaman y exigen una educación pública y de calidad en sus establecimientos educacionales. Además, el contenido de los Manuales de Convivencia internos, no siempre se ajustan a la exigencia expresa de esta disposición, especialmente por la falta de proporcionalidad de las sanciones establecidas. Rechazamos el que las autoridades, en vez de enfrentar las causas de la movilización estudiantil, como es su obligación, optan por reprimir policial y administrativamente su justo reclamo, con grave afectación de la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes involucrados. . A su vez, los profesores que defienden y promueven el fortalecimiento de la Educación Pública, junto con el legítimo reclamo por mejores condiciones laborales que le permitan cumplir cabalmente con la trascendente función social de formar a las futuras generaciones de ciudadanos, son ignorados por la autoridad, menoscabando seriamente su dignidad y derechos;

Además, vulnera el Derecho a la Educación y a una debida formación, la reciente propuesta del CNED, acogida por el Ministerio de Educación, de tornar electivas las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes.
Compartimos los fundamentos del rechazo que ha esgrimido públicamente la Red de Historiadores e Historiadores a esta iniciativa, y agregamos uno adicional: terminar con la obligatoriedad de la asignatura de Historia en 3 y 4 Medio, constituye un acto de negacionismo encubierto, porque pretende que las futuras generaciones no conozcan debidamente nuestra historia reciente, condición sine qua non para que Nunca Más en Chile se repita el período de barbarie que vivió nuestro país.
Incumple además esta medida, la obligación del Estado chileno establecida en el Artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a que “la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

En consecuencia, esta medida debe dejarse sin efecto, so pena de incurrir en un grave incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional y sus connacionales;

La grave situación por la que atraviesa actualmente nuestra Educación, debe ser enfrentada debidamente, partiendo en primer lugar, por un cambio de paradigma: La Educación no es un bien de consumo, como fue calificado por el actual Presidente de Chile.
Es un derecho humano, que está consagrado y resguardado en diversos instrumentos internacionales, que el Estado debe respetar y garantizar irrestrictamente, y por tanto, no puede ser objeto de mercantilización alguna.

Ante la grave situación descrita, creemos que los organismos nacionales e internacionales competentes, deben ejercer sus atribuciones y cumplir cabalmente su labor de fiscalizadores respecto del estricto cumplimiento de las normas establecidas en la Convención de los Derechos del Niño por parte del Estado chileno.
Es por ello que, hacemos un especial llamado a dos reconocidas y legitimadas instituciones: a la Defensoría de la Niñez, recientemente creada, y a UNICEF, para que representen ante las autoridades gubernamentales, el grave incumplimiento de sus obligaciones, las que se encuentran establecidas expresamente, tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en los demás instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

Por último, reiteramos nuestra decisión institucional, de seguir convocando a los distintos sectores sociales y sus organizaciones, para trabajar unidos por una genuina Democracia, fundada en el irrestricto respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, como el Derecho a la Educación que hoy nos ocupa, y forjada a través del pleno y libre ejercicio de la soberanía popular.

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