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Diputados DC piden postergar obligación de emitir boleta electrónica

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Un proyecto de resolución destinado a pedir al Presidente de la República que envíe al Congreso un proyecto para postergar la obligación de emitir boletas electrónicas, presentó el diputado Jorge Sabag, junto a los diputados DC Joanna Pérez, Manuel Antonio Matta, Gabriel Silber, Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Víctor Torres, Daniel Verdessi y el independiente, Fernando Meza.

La iniciativa busca lograr que se suspenda por un año la entrada en vigencia de la obligación establecida para adoptar la emisión de boletas electrónicas a partir del próximo mes de septiembre para los usuarios que ya están utilizando sistemas similares y marzo del 2021 para quienes no hacen uso de estos procedimientos.

La resolución agrega pedir que, a través de las instituciones pertinentes se impulse un vasto programa de conexión y alfabetización digital que facilite el éxito de la implementación de esta obligación, concediendo subsidios cuando sea necesario para la incorporación de las tecnologías requeridas.

Entre los argumentos, Sabag explicó que la ley Nº 21.210 sobre Modernización Tributaria señala la obligación de extender boletas electrónicas, entrando esto en vigencia seis meses después de la publicación de la ley -que fue en febrero de este año- tratándose de contribuyentes emisores de boletas electrónicas, y doce meses contados desde la misma fecha, para aquellos que no tengan tal calidad.

“Si bien esta obligación resulta coherente con el propósito de modernizar la administración del sistema tributario nacional y poder mejorar la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, representa al mismo tiempo un costo para los usuarios, tanto en la implementación de la infraestructura necesaria para la emisión de las boletas electrónicas, como en la administración cotidiana de este sistema”, agregó.

El parlamentario indicó que “el 81,8% de los 403.487 contribuyentes existentes en el país que emiten boletas de ventas y servicios corresponde a microempresas, de acuerdo a datos del propio Servicio de Impuestos Internos, por lo que tienen mayores dificultades para implementar esta modalidad”.

“Este escenario ha llevado a numerosos gremios, especialmente el agrícola y el del comercio, a pedir que se suspenda la entrada en vigencia de esta medida, estableciéndose un nuevo calendario de mayor gradualidad para su implementación efectiva. Además de los costos involucrados en el procedimiento, se ha argumentado que la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, e incluso en algunos casos desde el estallido social de octubre del año pasado, los ingresos habituales se han visto disminuidos y en algunos casos se han derrumbado hasta no tener ingresos de ningún tipo”, añadió.

A esto se suma “que un número importante de pymes no tiene acceso a un servicio de internet de calidad, por las dificultades generadas por el aumento de la demanda por la pandemia, por los costos que no siempre las pymes pueden solventar, porque hay localidades más aisladas que no disponen de este servicio o por analfabetismo digital”, sostuvo.

Por último, Sabag planteó que “debe atenderse la situación de las instituciones que no tienen fines de lucro, como los sistemas de Agua Potable Rural y cooperativas, entre otros, que normalmente tienen dificultades para financiar las exigencias contempladas en la ley y que han visto agravada aún más su situación de financiamiento por los menores ingresos obtenidos durante la emergencia sanitaria que afecta al país”.