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Investigan irregularidades en licitación del canal de televisión del Poder Judicial

Una serie de irregularidades en una licitación pública, administrada por del Poder Judicial, deberán ser investigadas luego que una agencia audiovisual interpusiera una demanda en su contra, argumentando actos ilegales en la adjudicación del servicio de producción del canal de televisión del organismo.

Tribunales 18 de febrero de 2020 THE TIMES CHILE THE TIMES CHILE
Cristián Villarroel

A inicios de febrero el periodista Cristián Villarroel, de la agencia Media Garage, ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En la acción judicial Villarroel acusa supuestas irregularidades en la licitación pública para contratar el “Servicio de Producción y Emisión del Canal de Televisión del Poder Judicial”.

.Las acciones presentadas buscan que se investigue una reevaluación ilegal y arbitraria en la licitación, para favorecer a otro de los proveedores, quien quedó en segundo lugar en el proceso y que a través de una impugnación -resuelta en menos de tres días- le fue adjudicada la licitación.

 La licitación denominada “Servicio de Producción y Emisión del Canal de Televisión del Poder Judicial adjudicó, en primera instancia, el concurso público al periodista Cristián Villarroel, que junto a su agencia de contenido audiovisual Media Garage desarrollarían los servicios solicitados.

 

“Nos encontramos por sorpresa que la licitación que ya nos habíamos adjudicado e informada por el propio Poder Judicial, ya no era válida. Teníamos la orden de compra aceptada e incluso una primera reunión de coordinación del contrato. Inesperadamente nos mandan un aviso que debemos anular la orden de compra y que ya no éramos los que se adjudicaban la licitación” cuenta Villarroel.

 

El abogado Jaime Concha, patrocinador de la causa y experto en contratos con el Estado, de la oficina Cisternas, Concha y Cia, comenta: “nos vimos enfrentados a tener que demandar por estos hechos ante el Tribunal de Contratación Pública y en la investigación que hicimos nos encontramos con al menos 5 irregularidades en la oferta del proveedor favorecido en la licitación y que a todas luces estamos en un proceso al menos oscuro y descuidado”.

 

“La demanda presentada indica entre otros puntos la ilegalidad de reevaluar la licitación, además confirma que casi todos los documentos entregados por el nuevo proveedor asignado, fueron presentados fuera de plazo. Un antecedente aún más clarificador, es que en el proceso de licitación, no se entregaron junto a la oferta documentos esenciales que obligaba al Poder Judicial a declarar la inadmisibilidad completa de la oferta de aquel proveedor. Eso entre otros informes de experiencia y de funciones que no corresponden al tenor de la licitación”, explica Concha.

 

El Poder Judicial al ser requerido por información de este proceso por parte del Tribunal de Contratación Pública, le solicitó al referido tribunal declararse incompetente, ya que aseguran que la Corporación Administrativa del Poder Judicial no es un organismo de Estado, sino que dependen jerárquicamente de la Corte Suprema y por lo tanto no pueden ser investigados en compras públicas.

 

“Al parecer en Chile, la ley está por sobre la ley. Usan el sistema de compras públicas, usufructúan de la tremenda operación que significa una licitación pública, pero a la hora de verse enfrentados al tribunal

correspondiente  argumentan  que  no son un organismo que se   pueda investigar ¿entonces quién lo hace?” afirma Cristián Villarroel.

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