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Oficina Derechos Humanos de la ONU lamentó la muerte de comunero mapuche en Cañete

La oficina recibió información de la muerte del comunero de 23 años y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas.

Chile 05 de noviembre de 2021 The Times en Español The Times en Español
Comunero Mapuche
Foto Agencia Uno

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, y expresó su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.

De acuerdo con la información recabada por la oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete.

En este contexto, la oficina recibió información de la muerte del comunero de 23 años y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas.

El Representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos ocurridos en Cañete. Señaló que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”.

La oficina recordó al Estado de Chile que "el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debe ser cumplida por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas".

Es de especial preocupación para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En este contexto, Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones".

El pepresentante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario.

Preocupa igualmente a la oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza. Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.

Al mismo tiempo, la oficina condenó "el espiral de violencia en la zona y hace un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales". Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche".

La oficina solidarizó con las víctimas y sus familiares y reiteró "su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos".

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