Fracasó Acusación Constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera

Política 12 de diciembre de 2019 Por
Este jueves la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la llamada “cuestión previa”, por lo que quedó sin efecto la Acusación Constitucional presentada contra el Presidente Sebastián Piñera.
Piñera

Al Mandatario se le acusaba por su presunta responsabilidad en «las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado».

Ante esto, la defensa del Presidente presentó un documento en el que recalca que la acusación presentada es inadmisible por «no cumplir con los requisitos constitucionales». Además, plantea la cuestión previa de admisibilidad y contesta el fondo del libelo «para concluir solicitando, en definitiva, que la acusación se rechace en su totalidad».

Se afirmó que esta no es admisible porque no cumple con su «carácter excepcional». Esto se argumenta porque “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”.

«Resulta irrefutable que el Estado de Derecho ha operado con normalidad, con pleno respeto a la autonomía de organismos tales como la Justicia, la Defensa Penal Pública, el INDH», agregan.

El texto concluyó que la “acusación vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados”. Y agrega que «las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia».

En otro argumento se remarcó que “los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución”. En esa línea, se añade que «todos los reproches se basan en presuntas omisiones».

La defensa del Jefe de Estado aseguró que «la acusación supone un abuso del derecho, que ya tiene por objeto revisar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia, cuestión que es privativa del Presidente de la República. La decisión de declarar Estado de Emergencia estuvo plenamente justificada en los criterios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad. Así lo reconocieron numerosas autoridades de todo el espectro político». 

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