Esta tarde la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Naín Retamal, iniciativa que pretende “otorgar una legítima defensa acentuada” a los policías y que aplica sanciones más duras a quienes los agredan
Este miércoles, en una polémica votación, se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la Ley Naín-Retamal, la cuales se fusionaron y ambas buscan darle más protección y garantías a Carabineros. Ahora avanzó al Senado.
En una de las sesiones más polémicas en medio de la crisis política causada por el crimen de la sargento Rita Olivares, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, sin unanimidad y con votos en contra, la Ley Naín-Retamal.
La legislación, que busca darle más garantías a Carabineros, tuvo una ácida discusión en el hemiciclo por parte de los parlamentarios, debido a uno de los puntos que más causa controversia.
¿Qué dice cada proyecto?
La Ley Naín cuenta con un artículo único y se enfoca principalmente en aumentar las penas a quienes cometan delitos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
La propuesta fue presentada en diciembre de 2020 por representantes de la UDI, luego del asesinato del carabinero Eugenio Naín en la región de La Araucanía, a manos de un encapuchado.
El proyecto propone castigar con la pena de presidio perpetuo calificado a quien mate a un funcionario policial.
La Ley Sargento Retamal en tanto, que homenajea al funcionario policial que fue asesinado en San Antonio tras recibir golpes con un fierro en la cabeza en octubre de 2022 en medio de fiscalizaciones por carreras clandestinas, modifica el estatuto de protección a las policías.
La norma presume que las actuaciones de Carabineros son “legítima defensa” cuando respondan a agresiones de un grupo de personas. El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, denominó esto como una “legítima defensa acentuada”, que exime de responsabilidad a los policías en distintos casos.
Los carabineros quedarán libres de responsabilidad, por ejemplo, si en una persecución policial provocan daños o si utiliza su arma de fuego no necesitará probar que actuó en legítima defensa, sino que quienes lo acusen deberán probar que su actuación no fue bajo ese concepto.
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