La fiscalía de Perú abrió el martes una investigación contra la presidenta Dina Boluarte un día después de que 18 personas murieran en enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y las fuerzas de seguridad.
El primer ministro del país, Aberto Otarola, anunció este martes un toque de queda nocturno de tres días en la sureña región de Puno, que se convirtió en el epicentro de las protestas iniciadas por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. Fue acusado y arrestado por cargos de rebelión a principios de diciembre.
Al menos 40 personas han muerto en los disturbios desde entonces. Los enfrentamientos más severos se produjeron en las ciudades de Puno y Juliaca, donde se anunció un paro general de una semana. Los manifestantes también instalaron barricadas en seis de los 25 departamentos del país.
La indagatoria contra Boluarte y otros funcionarios del Gobierno, incluido Otarola, determinará su participación en los presuntos delitos de “genocidio, homicidio agravado y lesiones graves“, ocurridos durante la represión de las manifestaciones en Puno y otras regiones del país.
El martes temprano, el parlamento peruano realizó un voto de confianza en el gabinete de Otarola con 73 legisladores votando a favor y 43 en contra. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, pidió a las autoridades “que lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales y efectivas sobre las muertes y lesiones”.
Nuestras Redes Sociales