Los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México criticaron el proceso por el que el expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022), fue removido de su cargo y detenido, e instaron a las autoridades del país andino a que prioricen la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas.
“Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”, señalaron en un comunicado el lunes.
En el mismo sentido, exhortaron “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
El Ejecutivo argentino de Alberto Fernández, el boliviano de Luis Arce, el colombiano de Gustavo Petro y el mexicano de Andrés Manuel López Obrador sostuvieron que Castillo, desde el día en que fue electo, “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
Esta situación vulnera el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como “Pacto de Costa Rica”, que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, observaron los cuatro países.
En consonancia, estas naciones reclamaron a las autoridades peruanas que sean respetados “a cabalidad” los derechos humanos de Castillo, que se encuentra detenido por el presunto delito de rebelión, “y que se le garantice la protección judicial”, según sostiene el art. 25 del “Pacto de Costa Rica”.
El proceso por el que Castillo fue depuesto de su cargo vulnera el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como “Pacto de Costa Rica”, que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, observaron los cuatro países.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, demandaron.
El respeto a la voluntad ciudadana “es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, remarcaron en el texto.
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