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El proyecto de ley en torno a la regulación del juego online continúa congelado por decisión parlamentaria

Continúa abierto el misterio en torno a la regulación del juego online en Chile. Poco ha cambiado el escenario desde que el expresidente Sebastián Piñera perfilara el pasado mes de marzo el proyecto de ley diseñado para construir una normativa sobre el rumbo del sector. Tras un verano de silencio, la nueva Comisión de Economía de la Cámara de Diputados decidió tomar partido en el asunto y congelar, a propuesta del Ejecutivo, el debate previo a la resolución. Desde entonces, han pasado ya tres meses y todo sigue igual, en estado de pausa, a la espera de que el gobierno mueva ficha.

Las primeras comparecencias han llegado de la mano del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sostiene que antes de tramitar la ley del juego online es preciso someter la iniciativa a algunas modificaciones. En esta dirección, el propósito perseguido por el ministerio pasa por darle al proyecto de ley la forma oportuna que permita incluirlo con naturalidad en la próxima reforma tributaria, prevista para finales de marzo de 2023.

En esta situación de prórroga, la falta de un texto regulador continúa dejando desprotegidos a los usuarios de las plataformas de juegos de azar que operan a través de internet, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento de la economía sumergida adscrita al sector. Desde estas coordenadas, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, sostiene que la pausa del debate va a permitir que el proyecto de ley pueda ser examinado en profundidad y que este se adapte a las exigencias de todas las administraciones partícipes.

Sanhueza defiende además que el objetivo del gobierno es abordar el contenido del proyecto de Piñera incluyéndolo en el tercer eje de la reforma tributaria, el correspondiente a los impuestos correctivos. Según la funcionaria, se trata de una decisión que va a impedir que se tramiten contenidos por duplicado. Al hilo de esta cuestión, pone como ejemplo la figura del beneficiario final, que viene contemplada tanto en la reforma como en el proyecto, estableciendo de este modo una repetición innecesaria. Sanhueza cree también que el tratamiento de los delitos vinculados con la industria del juego online puede realizarse desde la regulación que el Ejecutivo ya activa en otros entornos legislados.

Con independencia del cauce que finalmente se le dé al proyecto de Piñera después de que su aplazamiento fuera aprobado por la totalidad del grupo parlamentario en la comisión pertinente, lo cierto es que se trata de una propuesta legislativa que está preñada de elementos tributarios. El documento recoge para los operadores de casinos la obligación de tributar una quinta parte de sus ingresos brutos, un tipo impositivo que tendría la finalidad de reemplazar al IVA. Estas empresas tendrían que asumir además el desembolso de 1000 unidades tributarias en concepto de licencia general, o de 100 unidades tributarias mensuales si la licencia es de carácter transitorio.

Con la regulación planteada por el anterior gobierno tampoco los jugadores de estas plataformas quedarían exentos de pagar impuestos. La contribución que los usuarios deberían destinar al estado asciende al 15% de los beneficios obtenidos, un dinero que se transferiría directamente al fisco en el momento en que se produjera el cobro de los premios. En esta misma línea, las casas de apuestas deportivas con presencia en la red destinarían el 2% de sus ingresos a las federaciones a las que pertenezcan los equipos implicados, y el 1% a programas publicitarios que promuevan la responsabilidad en el juego.

Si el proyecto de ley acaba completando su resolución en las próximas semanas, la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar sería la entidad encargada de gestionar todo lo concerniente al juego virtual en el país. Dentro de sus funciones estarían, entre otras, supervisar que los operadores son efectivamente casinos online legales Chile que se ajustan a la ley fiscal y que están dados de alta en el país. El objetivo que encierra la actuación de un organismo como este no es otro que el de combatir el fraude y la economía sumergida. No en vano, se calcula que el estado podría recaudar en torno a los 55 millones de pesos.

Con este panorama todavía congelado, a la espera de un debate resolutivo, Claudia Sanhueza ha mostrado su predisposición al diálogo, estimando que el proyecto está por completar y que aún admite numerosos puntos de mejora. En este sentido, la subsecretaria señala la necesidad de incorporar un articulado que sancione las conductas contrarias al juego ético, como puede ser la entrega de bonos de bienvenida por parte de los operadores. Por su parte, con la urgencia en mente, la Superintendencia informa de que en el presente ejercicio ya se ha contabilizado más de una veintena de demandas contra compañías que participan en el mercado de manera ilegal. Toca actuar.

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