Boletín de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe señaló que en Chile hay 3.449.362 personas mayores (60 años y más), lo que representa un 18% de la población. A su vez, la esperanza de vida al nacer ha aumentado más de tres años entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-2025, al pasar de 77 años a 80,7 años (CEPAL, 2019; Naciones Unidas, 2019).
El grupo de la población que más ha crecido en estos 20 años es el de las personas de 80 años y más, que pasó de 214.000 en 2001 a 561.000 en 2021, lo que significa un incremento del 162% (CEPAL, 2019).
De acuerdo con las proyecciones poblacionales de 2019 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para 2050 la población de personas mayores en Chile representará un 32% del total (6.430.169 personas).
Este grupo de la población es muy diverso y cambiante. Por ejemplo, de acuerdo con los resultados históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), en 2006, las personas de 60 años y más tenían una escolaridad promedio de 6,5 años, mientras que en 2020 este promedio era de 9 años.
El porcentaje de personas de 60 años y más con educación superior completa, en tanto, pasó del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet aumentó del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017. Por último, cabe mencionar que aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018).
En este contexto el acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el COVID-19 ha tenido especial impacto en las personas mayores. La pandemia, a pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos de población, denominados “grupos de riesgos por COVID-19”.
Dentro de estos grupos se encuentran las personas con enfermedades crónicas, que tienen mayor prevalencia entre el grupo de personas mayores, lo que significó que fueran catalogadas como un grupo especialmente vulnerable frente a la pandemia y, por tanto, priorizadas en relación con las medidas adoptadas.
De esta manera, para las instituciones que velan por el bienestar de las personas mayores, su protección se transformó en un desafío en materia de salud pública y de gestión social de grupos vulnerables.
Las personas mayores se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y al 7 de noviembre de 2021 representaban un 14,4% del total de contagiados (Ministerio de Salud, 2021). Sin embargo, constituyen cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones.
La respuesta temprana a la pandemia comenzó en el país a principios de marzo de 2020 con la cooperación de varios actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y las principales organizaciones sin fines de lucro.
Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se conformó un grupo de trabajo para articular la implementación de medidas de prevención y control para las personas mayores.
Ante este escenario, el SENAMA impulsó una serie de articulaciones intersectoriales e interinstitucionales, a fin de implementar múltiples medidas para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19, estableciendo una estrategia dirigida a las personas que residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) y a aquellas que, por razones de confinamiento, debían permanecer en sus hogares.
Para la consolidación de la estrategia, en primer término se identificaron las principales características del problema de la pandemia en el contexto de los ELEAM, a partir de la experiencia internacional y de la realidad de estos establecimientos en el contexto nacional, que está marcada por una profunda heterogeneidad y altos niveles de vulnerabilidad. Asimismo, se identificó la necesidad de profundizar en el componente sanitario de las residencias, de articular una estrategia colaborativa con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y de conformar nuevos equipos profesionales, tanto en términos de asignación de nuevas responsabilidades a los funcionarios que ya trabajaban en estas instituciones como de la incorporación de personal adicional.
A partir de este marco, la estrategia consideró acciones preventivas y de mitigación.
Por otra parte, se dispuso una estrategia con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas mayores que necesitaran acceder a servicios de evaluación, tratamiento, curación o seguimiento en su domicilio, evitando que asistieran a los establecimientos de salud a fin de descongestionar estos centros y evitar posibles contagios de COVID-19. También se implementaron medidas de orden económico, distribución y compra de alimentos y medicamentos, y acompañamiento psicológico y emocional.
En este contexto, se volvió fundamental proteger y promover los derechos humanos, de modo de generar las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de todas las personas y especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores.
En la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca “contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales”
A partir de 2019, en el marco del Programa Buen Trato al Adulto Mayor se instala la figura del Defensor Mayor: abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a las personas mayores o comunidades que lo necesiten, frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos. Estos abogados también establecen vínculos con otras reparticiones públicas o privadas que permitan la coordinación y articulación, en el marco de los derechos humanos de las personas mayores.
Un importante avance que el SENAMA impulsó junto con la Corte Suprema por su aporte a la protección de este grupo vulnerable fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial.
Este hito es de suma relevancia, ya que por primera vez el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario en su quehacer, con un enfoque diferenciado. El documento es una guía de recomendaciones dirigidas a juezas y jueces, que proporciona reglas de actuación y mecanismos de tutela efectiva, garantizando el principio de igualdad y de no discriminación por motivos de edad (Poder Judicial, 2021).
Hay objetivos que, la pandemia ha dejado en evidencia varias situaciones a resolver, como la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica para la sobrevivencia en situaciones como esta y el abordaje de la salud mental de las personas mayores, un ámbito en el cual, a consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad, se revelaron importantes afectaciones. Señaló Andrea Reyes Enfermera Referente del programa del Adulto Mayor, De un Cesfam de la comuna de Recoleta.
Gonzalo Castro Moreno, Enfermeria.
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