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Hackeo al Ejército de México revela que Mon Laferte era seguida muy de cerca denunció Amnistía Internacional

Las filtraciones de servidores electrónicos de las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos, conseguidas por hackers del grupo de activistas autodenominado Guacamaya, muestra la vigilancia de las actividades de organizaciones de la sociedad civil en México y Perú, denunció Amnistía Internacional.

“El monitoreo indebido contra organizaciones de la sociedad civil identificado en las filtraciones del colectivo Guacamaya es una muestra del contexto hostil en el que trabajamos las organizaciones que defendemos los derechos humanos”, señala la organización con sede central en Londres.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización fundada en 1961, dijo en un pronunciamiento que “si los ejércitos de países como México y Perú han monitoreado indebidamente nuestro trabajo, para menoscabar la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, nos alarman más los ataques a los que pueden ser sujetas nuestras organizaciones hermanas y las personas defensoras de derechos humanos en toda la región”.

El Gobierno mexicano confirmó el viernes pasado que fueron sustraídos seis terabytes de comunicaciones internas de la Defensa Nacional que contienen millones de correos electrónicos con textos, fotos y vídeos de las Fuerzas Armadas.

HALLAZGOS Y RESPUESTA

 

La responsable de la organización apunta que en vez de monitorear las actividades de activistas de la sociedad civil, los ejércitos y autoridades de la región “deberían de garantizar un entorno propicio para la defensa de derechos y reconocer el importante rol que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos”.

En México, la revista semanal Proceso publicó un documento de la cartera de la Defensa Nacional con múltiples referencias a las observaciones hechas por Amnistía Internacional con respecto a la desaparición forzada desde 2014 de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, en el sur del país.

Los monitoreos revelados son inadmisibles. Desde Amnistía Internacional los condenamos enérgicamente y exigimos el total esclarecimiento de esas acciones“, dice la denuncia de Guevara Rosas.

Entre las recomendaciones, el documento de los mandos castrenses mexicanos propone “soslayar la participación de Amnistía Internacional” en una visita de los padres y madres de los estudiantes al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero (sur).

En esa ciudad ocurrió la tragedia hace ocho años, en la que según nuevas investigaciones participaron uniformados y jefes de la mencionada unidad militar.

La comunicación interna que ahora se conoce también hace referencia a las declaraciones emitidas por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, “en relación con las deficiencias en la investigación sobre la posible responsabilidad de las fuerzas armadas en la desaparición forzada de los estudiantes“.

Guevara Rosas afirma que esa revelación denota “el monitoreo realizado con el fin de encubrir” la llamada “verdad histórica”, que era la versión oficial de la anterior administración que ha sido “desmantelada” por las nuevas pesquisas oficiales.

Por otra parte, la denuncia reseña que el medio peruano La Encerrona, indica que Amnistía, junto con organizaciones aliadas de Perú como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción, “fueron mencionadas también en documentos filtrados del Ejército de Perú”, dice el posicionamiento

Según la información de las actividades castrenses de seguimiento, esas instancias civiles, que abogan por las víctimas, “vinculan sus actividades en defensa de los derechos humanos con la conflictividad social en Cusco y Apurímac”.

Amnistía Internacional explica que aún no ha accedido a los documentos completos, pero considera que el Estado debe proteger la defensa de los derechos humanos y garantizarla.

Amnistía Internacional ha documentado en varios informes cómo trabajan las organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú, en lo que define como “contextos hostiles, donde la estigmatización y criminalización son una constante”.

Los partes militares emitidos a lo largo de una década, detallan actividades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas que eran desconocidas hasta la fecha.

Los textos entregados a medios de comunicación han comenzado arrojar revelaciones a cuentagotas, pero la primera fue sobre los tratamientos médicos en hospitales militares del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó la veracidad de la información.

La Guacamaya también logró acceder a información confidencial militar y policial en Chile, Guatemala y El Salvador.

 

Tal como sucedió con el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. de Chile, el Ejército de México fue víctima de un ataque cibernético, con un hackeo que dejó al descubierto muchos documentos e insólitas acciones.

Una de ellas apuntó a la chilena Mon Laferte, quien era seguida de cerca, junto a movimientos feministas, siendo considerada un peligro debido a sus canciones.

Así lo dio a conocer el medio azteca El Universal, donde la voz de ‘Tu Falta de Querer’ fue detectada participando de una junta feminista llamado “II Encuentro Internacional de Mujeres en Lucha”, junto a la médica tradicional y defensora de los derechos humanos, Marichuy.

Para el Servicio de Defensa Nacional (Sedena), Mon Laferte era tan importante de seguir, que fue marcada en los documentos con un círculo amarillo, que connota mayor atención.

No sólo ella era seguida, pues el Colectivo Feminista Coordinadora 8M también aparece en los documentos filtrados del Ejército mexicano.

Los medios del país norteamericano adelantan que en los próximos días se conocerán más documentos de este gran hackeo a los militares aztecas.

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