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Estallido social en Colombia: tomar las calles para ser escuchados

Cuando los canales de comunicación entre la sociedad civil y el Estado fallan, o están ausentes, tomar las calles se vuelve casi una obligación para hacerse escuchar y para lograr cambios en las políticas que atentan contra la ciudadanía, lo que está sucediendo en Colombia desde el 28 de abril, según activistas.

«La gran protesta que tenemos hoy refleja el cierre de los espacios de la institucionalidad y de los espacios de diálogo, una ciudadanía que se cansó de no ser escuchada y que le corresponde levantarse para poder ser escuchada e intentar presionar al Gobierno para que cambie su política porque los viene afectando», dijo a Sputnik, el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Franklin Castañeda.

Añadió que la protesta, legalmente y a nivel funcional, es realmente concebida como el escenario ideal para que las personas de manera colectiva puedan expresarse.

Castañeda recordó que desde la Constitución de 1991 se abrieron, en teoría, una serie de canales de diálogo que en la ley deberían ser adecuados para escuchar a la ciudadanía, «sin embargo lo que ha venido pasando históricamente y que se ha agravado sustancialmente con el actual Gobierno, es que esos espacios de intercambio, de acercamiento y concertación entre el Estado y la sociedad civil han sido desinstalados, o no son escuchados, son falseados, simulados en cuanto a su funcionamiento y los acuerdos que se alcanzan».

«Estos canales de diálogo que ha ofrecido el Gobierno nacional resultan ser insuficientes o ilegítimos cada vez que no se advierte un compromiso real y unas condiciones de garantías mínimas para que se pueda realmente abordar una problemática estructural en Colombia como es la injusticia social, económica, los conflictos minero energéticos y las distintas temáticas que hoy vemos que han movilizado a la sociedad colombiana», añadió a esta agencia el secretario técnico de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, Luis Carlos Montenegro.

En ese sentido, ambos resaltaron que además de levantamiento popular existe también una desconfianza en la capacidad de la institucionalidad colombiana para llevar a cabo diálogos sinceros, sensatos y sobre todo donde la palabra empeñada se cumpla.

CON REPRESIÓN, NO HAY DIÁLOGO

Montenegro y Castañeda coincidieron en que la actitud que ha tomado el Gobierno de criminalizar la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza pública contra ellas imposibilita el diálogo.

«Uno no puede estar reunido con un Gobierno y que afuera estén matando a las personas que están presionando porque esas reuniones se den, Colombia está registrando cifras récord en materia de violaciones a los derechos humanos, cifras que no veíamos hace muchísimo tiempo en un país que ha estado en conflicto armado, que enfrentado paros, situaciones complejas, pero estamos hablando de cifras alarmantes en 20 días de manifestaciones y eso merece la atención del mundo», dijo Castañeda

Ambos lamentaron la estigmatización de los manifestantes por parte de las autoridades.

«La estigmatización que este Gobierno ha venido profundizando ha sido bastante grave y lo vemos ahora cuando estigmatiza a los manifestantes como si fueran vándalos, delincuentes o peor, terroristas», dijo Castañeda.

Ese discurso de odio, coincidieron ambos entrevistados, intenta dividir a la ciudadanía entre «buenos y malos» y ha tenido consecuencias como que los «autodenominados ciudadanos de bien han salido con sus armas a disparar a manifestantes, sin que la justicia haya tomado ningún tipo de acción, o el hecho de que la policía se sienta en el poder maltratar ciudadanos por manifestarse y se sienta avalado en eso discursos oficiales».

«Y mientras todas estas situaciones sigan ocurriendo no van a propiciar un escenario de diálogo porque las condiciones para el diálogo deben ser que la fuerza pública no viole los derechos humanos de la gente», precisó Montenegro, quien dijo que no se ve un compromiso del Gobierno para eso, al contrario.

El representante de Defender la Libertad, lamentó además que Duque ordenara a las fuerzas públicas actuar para levantar los bloqueos, y dijo que comete un grave error al afirmar que es ilegal obstruir las vías públicas.

«Queremos aclarar que obstruir vías de manera pacífica y legal está enmarcado dentro del ejercicio del derecho a la protesta en un Estado de derecho», explicó.

Añadió, además, que el Gobierno de Duque no está abierto al diálogo, aunque así lo digan sus palabras.

«En los hechos y las intenciones de su política criminal de Estado demuestra todo lo contrario», aseguró.

Ambos reclamaron la atención del mundo y activar los canales de carácter internacional dada la incompetencia de los organismos a nivel interno en Colombia para defender los derechos humanos de los manifestantes, y quienes velan por ellos.

SIN CONTRAPRESO

Castañeda recordó en grandes líneas que el partido político que está en el Gobierno representa al paramilitarismo, y a quienes se han beneficiado con ello, a la ideología de ultraderecha, al tiempo que responde a los intereses económicos de las grandes corporaciones y finqueros.

Al mismo tiempo, señaló que el Ejecutivo ha logrado tener los órganos de control bajo su órbita.

«Este Gobierno ha logrado algo que quizás no hayamos visto desde la Constitución del 91 que es que el sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana se encuentre totalmente arrodillada al poder del Ejecutivo, que nombró al fiscal general, a la procuradora general de la nación, también al defensor del pueblo, a la controlaría», dijo.

Hoy la ciudadanía, añadió, ante el hecho de que el sistema de peso y contrapeso no sirva para representar un control institucional a las acciones del Ejecutivo, se termina levantando socialmente para intentar poner freno a los intentos arbitrarios de ejecutar determinadas políticas que iban en contra del pueblo.

Ejemplificó que actualmente el principal foco de las protestas en Bogotá es frente a la Defensoría del Pueblo, para exigir la renuncia del defensor, Carlos Camargo.

«Ese levantamiento de la ciudadanía en contra de un órgano de control no se había visto nunca: «renuncie porque usted es una ficha más del Gobierno, renuncie porque no defiende nuestros derechos». La ciudadanía no come entero y se da cuenta de lo que viene ocurriendo con este órgano de control», explicó, que recordó que se trata de una persona de la coalición de Gobierno y un político muy cercano al presidente.

Para Montenegro, como personas defensoras de los derechos humanos, a Iván Duque le hace falta una capacidad de gobernar para toda la sociedad colombiana y se sienten excluidas de sus políticas.

Colombia cumple este miércoles 22 días de paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno y luego retirada ante la presión de las movilizaciones.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y más de 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según las cifras de organizaciones civiles, como Defender la Libertad.

Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.502 personas, 87 personas han sido víctimas de violencias basadas en género, y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.

En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el martes 11, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.  (Sputnik)


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