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Amnistía Internacional y Chile: “El gobierno actúa como si el estallido social no hubiera sucedido»

La organización presentó esta mañana su Informe Anual 2020-2021 en el que se informó que a pesar de las crisis que han afectado al país durante los últimos meses, el Ejecutivo no escucha las demandas de la ciudadanía.

 

Este miércoles, Amnistía Internacional entregó su Informe Anual 2020-2021, en el que se aborda la situación de derechos humanos en diversos lugares del mundo.

En el caso de Chile, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, y la presidenta de la organización en Chile, Sofía Lanyon, entregaron el reporte de la situación nacional a través de una conferencia de prensa.

En la instancia, se manifestó una preocupación por la forma en que el Gobierno ha enfrentado las dos crisis que ha vivido Chile, el estallido social y la pandemia de COVID-19, ambas en que el Ejecutivo no ha escuchado los clamores ciudadanos ni ha garantizado el respeto de los derechos humanos.

Sobre la crisis generada en 2019 a partir de la manifestación social, Ana Piquer expresó que lo que se ve es un gobierno que niega la crisis y las violaciones generalizadas a los DD.HH, mientras que los avances en la justicia son pocos, con cerca de la mitad de los casos cerrados sin formalización.

Mientras que en materia de reparación también se identifican problemas, con programas que no son suficientes, son revictimizantes y centralistas.

“Tampoco tenemos garantías de no repetición, han seguido sucediendo casos graves de actuar policial en manifestaciones contrarias al Gobierno (…) La reforma a Carabineros que lideraba el Gobierno parece no estar yendo a ninguna parte, al punto que incluso la página web del Gobierno dedicada al tema ya no existe. Para peor el Gobierno está instalando un discurso como que ya volvimos a la normalidad después del estallido social, o que no puede afirmarse que hubo violaciones de derechos humanos porque hay que esperar que la justicia investigue, decir eso es una burla para las víctimas”, expresó Ana Piquer.

 

En tanto, sobre la crisis provocada por la pandemia, la directora de Amnistía Internacional Chile expresó que muchas recomendaciones para el cuidado del personal y de la salud de la ciudadanía no se han oído ni puesto en marcha, generando la situación que se vive hoy, aún más grave que el 2020.

“Todo esto evidenció una enorme falta de liderazgo y peor, una falta de humanidad de parte del Gobierno. Estamos igual o quizás pero que hace un año en la situación de ambas crisis, de derechos humanos y de COVID-19 con más víctimas de violaciones de derechos humanos, con la misma impunidad, con más contagios y fallecidos por COVID- 19, con una desigualdad brutal que solo se sigue profundizando, pero el Gobierno sigue actuando como si nada hubiera pasado”, expresó Piquer.

 

El texto también consigna que “estas intervenciones no están dirigidas a controlar el orden público, sino a impedir que existan manifestaciones, incluso cuando sean pacíficas”.

“En enero de 2021, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley con el objeto de derogar la Ley de Seguridad del Estado, la ley “antibarricadas” y el control preventivo de identidad. El gobierno dio inicio en marzo a una consulta abierta a la ciudadanía para recabar opiniones acerca de la regulación del derecho de reunión pacífica. Las preguntas plantean opciones que, de aprobarse, serían contradictorias con la regulación internacional del derecho de reunión”, consigna el documento elaborado por Amnistía Internacional.

Derecho a la salud

El mes de marzo marcó un nuevo aumento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Chile, y un nuevo incremento significativo en la ocupación de las camas UCI, señala el documento, que agrega que “esto ha repetido la situación registrada a mediados de 2020, con personal de la salud agotado y sin apoyo efectivo.

El informe también sostiene que “el gobierno en marzo indicó a las direcciones de hospitales que no informaran acerca de la situación en terreno, y en un caso particular en Valparaíso anunció acciones legales contra quien denunció la situación en la morgue de un hospital”.

Respecto al proceso de vacunación, Amnistía destaca que ha avanzado “favorablemente”. Sin embargo, plantea su preocupación porque “en ferero se dio a conocer una circular que podría dejar fuera del proceso de vacunación a personas migrantes en situación irregular. Diferentes personeros de gobierno dieron explicaciones diferentes y confusas, lo que podría disuadir a las personas en esta situación de acercarse a los centros de vacunación”.

Pueblos indígenas

El informe relata que “en enero, W de 7 años, hija de Camilo Catrillanca, fue detenida por carabineros junto a su madre. Sufió uso excesivo de la fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre”, que se dio a conocer en enero pasado.

Amnistía también destaca que “la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto por el INDH en favor de W.”

En el texto también se relata el caso del asesinato de Alex Lemún, “que se reactivó luego de un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, en enero se decidió que el inicio del juicio oral se posterga para mayo, con la intención de realizarlo presencialmente. En marzo, la CIDH informó que el recurso presentado en favor de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, condenados en el marco de un juicio injusto por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, pasó a examen de admisibilidad”.

Derechos sexuales y reproductivos

 

El informe destaca que en enero, se reactivó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. El proyecto fue presentado en 2018, sin que se haya discutido desde entonces.

Derechos de la comunidad LGBTI

 

El informe consigna que “en enero, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma la Ley que Establece Medidas contra la Discriminación. Actualmente se encuentra en curso la discusión en particular del proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía”.

Derechos de personas migrantes

 

Respecto a la crisis migratoria, el informe relata que “en febrero, más de 1000 personas entraron a Chile en la zona de Colchane, mayormente venezolanas, intentando buscar protección en el país” y agrega que “al menos 5 personas han muerto en lo que va del año, intentando cruzar la frontera por tierra”.

“El gobierno ha expulsado a más de 100 personas, pese a que en muchos casos existían recursos judiciales pendientes cuyo resultado no esperaron, y en algunos casos con posterioridad se declaró ilegal la expulsión”, se lee en el documento.


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